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20 de Septiembre de 2026

Bariloche avanza para formalizar la Guardia Urbana con proyecto que define sus funciones y límites

El concejal Leandro Costa Brutten presentó una iniciativa para establecer un marco legal que regule la actividad del cuerpo civil, preventivo y de proximidad, que ya opera sin ordenanza específica en la ciudad.

Por Redacción

Domingo, 20 de septiembre de 2026 a las 05:00

La Guardia Urbana de Bariloche ya está operativa en varios sectores de la ciudad, pero aún carece de una ordenanza que defina con claridad sus atribuciones y funciones. Ante esta situación, el concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, presentó un proyecto destinado a formalizar este cuerpo y establecer un marco normativo para sus intervenciones.

La propuesta del concejal describe a la Guardia Urbana como un cuerpo civil, preventivo y de proximidad, cuyos integrantes no podrán portar armas de fuego ni realizar tareas propias de una fuerza policial, tales como allanamientos, investigaciones criminales o detenciones. Además, se especifica que no tendrán facultades para labrar actas, aplicar sanciones, efectuar secuestros, clausuras o controlar habilitaciones.

El proyecto busca evitar la superposición de funciones con otras áreas municipales o con la Policía de Río Negro. Las tareas que desempeñará la Guardia estarán relacionadas con recorridas preventivas, brindar orientación a vecinos y turistas, identificar situaciones de riesgo y asistir en emergencias. En casos donde se detecte una posible situación delictiva, la intervención deberá corresponder a la autoridad competente.

Para facilitar su labor, la iniciativa contempla el uso de herramientas tecnológicas como cámaras corporales, sistemas de comunicación y geolocalización, siempre bajo protocolos estrictos para proteger los datos personales. Asimismo, se propone la creación de un Mapa Municipal de Prevención Barrial, que contará con la participación de las Juntas Vecinales para identificar zonas críticas y definir recorridos de patrullaje.

Uno de los argumentos centrales del proyecto es que la Guardia Urbana ya funciona con diez integrantes y dos móviles, pero sin un marco normativo que regule su actividad. Según los promotores de la iniciativa, esta ausencia genera incertidumbre jurídica tanto para los agentes como para el Municipio, ya que no hay claridad sobre responsabilidades en caso de intervenciones cuestionadas.

En caso de que la ordenanza sea aprobada, el Ejecutivo municipal deberá presentar un plan de implementación que incluya la estructura, el personal y el presupuesto del cuerpo. También estará a cargo de reglamentar su funcionamiento. Además, el proyecto prevé la presentación de informes trimestrales ante el Concejo Municipal, la asignación de una partida presupuestaria específica y mecanismos de control para evitar el uso partidario de los recursos de la Guardia.