El asesor legal de la Municipalidad de Esquel, Dr. Nicolás Pombo, brindó detalles sobre la audiencia celebrada ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, en la que se abordó el conflicto entre Esquel y Trevelin respecto a la disposición final de residuos sólidos urbanos.
Pombo acompañó al intendente Matías Taccetta en el encuentro convocado por el tribunal provincial a raíz de una acción iniciada por Trevelin contra la Ordenanza 126/2026, aprobada por el Concejo Deliberante de Esquel. Esta norma establece que, a partir del 7 de septiembre, cesará la recepción de residuos provenientes de Trevelin en el nuevo Módulo 2 ubicado en Esquel.
El asesor legal explicó que, mientras no exista una resolución judicial que disponga lo contrario, la ordenanza continúa vigente y el municipio está obligado a cumplirla. Entre los argumentos principales de Esquel se destaca la autonomía municipal reconocida en la Constitución Provincial.
“Así como oportunamente el Concejo Deliberante autorizó mediante una ordenanza el convenio para la gestión conjunta de residuos, posteriormente el mismo cuerpo legislativo resolvió derogarlo: 'Hasta tanto el Superior no disponga algo en contrario, para nosotros esta ordenanza es válida, vigente y tenemos obligación de cumplirla'”, afirmó Pombo.
El asesor reconoció que detrás del conflicto existe una importante cuestión ambiental que también preocupa al Superior Tribunal. Ante la posibilidad de que el tribunal establezca una medida transitoria para evitar problemas en la disposición de residuos de Trevelin, Esquel propondrá que cualquier solución de este tipo sea por un plazo limitado, lo más breve posible, y que los costos y responsabilidades recaigan en quien genera los residuos.
Pombo recordó que el Módulo 2 fue financiado por Esquel y que su capacidad y vida útil se calcularon considerando únicamente los residuos generados por la ciudad. Por ello, la incorporación de residuos de otra jurisdicción impactaría negativamente en el funcionamiento proyectado de la infraestructura.
Otro aspecto relevante en la disputa es el pago por el servicio. Aunque Trevelin sostiene que las facturas por disposición de residuos están al día, desde Esquel destacan que esos pagos no cubren las inversiones necesarias para sostener el sistema: “La disposición final de residuos requiere invertir en infraestructura, requiere amortización, planificación”, explicó Pombo.
Desde la Municipalidad de Esquel insisten en que Trevelin no participó del financiamiento del nuevo Módulo 2, un punto central en la controversia.
El asesor también se refirió al dictamen del procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, y al principio de no regresión ambiental, que busca evitar retrocesos en los estándares de protección ambiental. Sin embargo, Pombo señaló que la discusión actual es distinta, ya que se relaciona con la continuidad de un acuerdo de cooperación entre municipios, el cual Esquel considera que fue derogado debido a incumplimientos reiterados por parte de Trevelin.
La controversia no se limita al vencimiento del plazo en septiembre. Pombo recordó que durante el último año participó en más de diez reuniones técnico-jurídicas para intentar resolver el conflicto y mencionó antecedentes que datan de varios años atrás, incluyendo una ordenanza de 2020 sobre obligaciones económicas de Trevelin y procesos judiciales vinculados a la remediación ambiental y la necesidad de un nuevo módulo de disposición final.
Además, el conflicto incluye otros expedientes independientes: una acción de Esquel para reclamar una deuda de Trevelin y otra declarativa sobre la naturaleza de la relación entre ambos municipios. Durante la audiencia se mencionaron algunos de estos puntos, pero el Superior Tribunal deberá resolver principalmente la cuestión de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 126/2026 y la situación ambiental derivada del vencimiento del plazo.
Desde la Municipalidad de Esquel estiman que el Superior Tribunal podría emitir un fallo en los próximos días, considerando la proximidad del 7 de septiembre. Pombo adelantó que una primera resolución podría establecer una etapa de transición, seguida por definiciones sobre costos, responsabilidades y modalidades para implementarla.
Mientras se aguarda la decisión judicial, Esquel sostiene firmemente su postura respecto al Módulo 2 y subraya que las inversiones realizadas para garantizar la disposición final de residuos deben ser tenidas en cuenta en cualquier solución al conflicto.