En enero de 2025, en el sector Isla Norte de Lago Puelo, se produjo un episodio de violencia protagonizado por Carlos Malcon Delgado contra su pareja y una amiga de ella. El conflicto comenzó cuando el hombre, al ver a las mujeres compartiendo una cena, reaccionó con ira, insultándolas con la palabra “feminazis” y agrediéndolas físicamente.
Según reconstruyó la Fiscalía, Delgado irrumpió en la vivienda y, al observar la presencia de la amiga de su pareja, desató un ataque violento. Durante la agresión, forcejeó con la amiga, la arrojó al suelo y le propinó golpes con un palo de escoba en la pierna, causándole hematomas visibles. Ante el temor de que la situación empeorara, ambas mujeres decidieron abandonar la casa inmediatamente.
Una vez solo, Delgado continuó con su arrebato destructivo. Quemó prendas de vestir de su pareja sobre una estufa encendida, vació una garrafa de gas retirando su regulador, lo que generó una situación de riesgo por posible fuga, y destrozó un televisor, cuyos restos fueron encontrados dentro y fuera del domicilio.
El 24 de abril de 2026, la Justicia de Lago Puelo ratificó un acuerdo de juicio abreviado en el que Delgado reconoció su responsabilidad en los hechos. Fue condenado a dos años de prisión con ejecución condicional y sometido a varias reglas de conducta, en un fallo que resalta la aplicación de la perspectiva de género.
Entre las condiciones impuestas se encuentran la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de ambas víctimas, la abstención total de consumir alcohol y drogas, y la asistencia obligatoria al Taller de Visibilización y Reflexión sobre Violencia de Género (TaViRe).
Fuentes judiciales advirtieron que el incumplimiento de cualquiera de estas medidas podría conllevar la revocación de la condicionalidad, lo que implicaría que Delgado cumpla la pena de prisión de forma efectiva en un establecimiento penitenciario.
El fallo ha generado atención en diversas organizaciones que valoraron el enfoque de género aplicado, aunque cuestionaron la suspensión de la pena. Este caso queda como un precedente en la Comarca Andina, donde la vigencia de la ley dependerá del seguimiento riguroso de las medidas impuestas.