Los principales colegios de abogados de Chubut, representando a Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew y Puerto Madryn, manifestaron serias preocupaciones respecto al proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial promovido por el Superior Tribunal de Justicia. A través de una nota dirigida al presidente de la Legislatura, Gustavo Menna, solicitaron extender el debate legislativo antes de avanzar con la iniciativa.
Los profesionales sostienen que la reforma no solucionaría los problemas actuales del sistema judicial y, por el contrario, podría empeorarlos. Entre las críticas más destacadas está la implementación del proceso oral, que según los abogados, carece de la capacidad necesaria para gestionar la cantidad de causas que actualmente se tramitan en la provincia. Estiman que este proceso podría atender poco más de 200 juicios por año, cifra inferior a la demanda total de todas las jurisdicciones, lo que podría generar un colapso en el sistema en un plazo de cuatro años.
Además, advirtieron que la reforma requerirá la incorporación de jueces, funcionarios y personal administrativo, así como inversiones en infraestructura. Sin embargo, el proyecto no detalla ni el costo ni la fuente de financiamiento para estos ajustes, lo que genera incertidumbre sobre su viabilidad.
Los abogados también criticaron el corto plazo de seis meses desde la sanción para la puesta en marcha del nuevo sistema, calificándolo como insuficiente para realizar las adecuaciones necesarias en materia de presupuesto, infraestructura y recursos humanos.
Otro punto cuestionado es la falta de participación de actores clave en el proceso de reforma, como profesionales del derecho, jueces, universidades y organizaciones civiles. Los colegios reclamaron que se convoque a estos sectores antes de continuar con el proyecto, dado que tendrá impactos a largo plazo en el sistema judicial.
La nota también plantea preocupaciones sobre el acceso a la Justicia y las garantías de defensa, señalando que el proyecto limita las herramientas recursivas y podría restringir el acceso a una segunda instancia en algunos casos. Asimismo, cuestionan las facultades disciplinarias que se otorgarían a los jueces sobre los abogados particulares, por considerar que podrían afectar el ejercicio profesional de la defensa.
En materia técnica, los colegios remarcaron que la reforma no incorpora adecuadamente nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, y criticaron la regulación propuesta para los procesos colectivos.
Una de las controversias más relevantes se centra en el artículo 103, que introduce la intervención de jurados populares en determinados asuntos. Los colegios expresaron que asignar a ciudadanos sin formación jurídica la resolución de temas vinculados con la constitucionalidad y convencionalidad de normas resulta inapropiado.
Finalmente, los representantes de los abogados solicitaron que una reforma de esta envergadura reciba un tratamiento más profundo en la Legislatura. Advirtieron que avanzar sin considerar las observaciones de los distintos actores podría generar mayores dificultades en lugar de mejorar el funcionamiento de la Justicia.
El proyecto ahora enfrenta un debate parlamentario que definirá si la reforma promovida por el Superior Tribunal de Justicia sigue adelante o se modifica para atender las inquietudes planteadas por los profesionales del derecho en la provincia.