El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el cierre preventivo de Ueno Bank, uno de los principales bancos digitales del país, tras detectar una caída significativa en su índice de solvencia. Esta medida provocó la congelación de cuentas y la suspensión de servicios para más de tres millones de clientes, generando una crisis financiera y social en Asunción.
Entre los afectados se encuentran trabajadores, jubilados, pequeños comerciantes y beneficiarios de prestaciones estatales que utilizaban la entidad para cobrar sus fondos. La incertidumbre sobre la recuperación de los depósitos desató protestas y enfrentamientos con la policía frente a las sucursales del banco, donde ahorristas exigían acceso a sus ahorros.
El escándalo también tiene un fuerte componente político. Carlos Carvallo, presidente del Banco Central, renunció a pedido del presidente Santiago Peña, quien a su vez fue socio comercial del grupo propietario de Ueno Bank hasta marzo de 2025. La Fiscalía ordenó detenciones y allanamientos contra directivos del banco, entre ellos Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez y miembro del directorio de Ueno Bank, quien se entregó a la Policía Nacional.
El Instituto de Previsión Social (IPS) tiene inversiones por alrededor de USD 355 millones en Ueno Bank, lo que representa cerca del 9 % de su cartera. Esta exposición genera preocupación por el impacto en los fondos jubilatorios y en otros organismos públicos que también depositaron recursos en la entidad.
Durante las últimas semanas, la Superintendencia de Bancos había alertado sobre presuntas irregularidades, como operaciones de autopréstamos vinculadas a empresas del Grupo Vázquez que superaban la liquidez disponible. Aunque se anunció un plan de capitalización de emergencia por USD 100 millones, el aporte inicial no fue suficiente para revertir la caída del capital del banco.
En respuesta a la crisis, el presidente Peña anunció la solicitud de renuncia de Carvallo y un acuerdo con el Congreso para tratar un proyecto de ley que permita usar el Fondo de Garantía para iniciar pagos inmediatos a los ahorristas. Aseguró que esta iniciativa garantizará la devolución de fondos públicos, incluidos los del IPS y otras cajas jubilatorias.
Sin embargo, la oposición política no se conforma con las medidas y analiza impulsar un juicio político contra el mandatario. El senador Rafael Filizzola afirmó que están buscando apoyos para esta iniciativa y criticó la gestión del Banco Central ante la crisis, señalando que la situación podría afectar a millones de personas y que se requieren explicaciones claras sobre los controles previos al cierre de Ueno Bank.
El caso de Ueno Bank ha puesto en alerta al sistema político y financiero paraguayo. Mientras avanza la investigación judicial y el Congreso discute mecanismos para proteger los depósitos, miles de clientes permanecen a la espera de información sobre cómo y cuándo podrán recuperar sus fondos, en un contexto de creciente tensión social y cuestionamientos al gobierno.