El Gobierno nacional está en proceso de revisar las pensiones por invalidez y prepara un anuncio oficial sobre la suspensión de aproximadamente 20.000 beneficios identificados como fraudulentos. Esta medida surge luego de una auditoría que analizó a los más de 1,1 millones de beneficiarios para verificar quiénes cumplen realmente con los requisitos para recibir la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNC).
El 22 de octubre pasado, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la nueva Ley de Discapacidad, tras modificaciones acordadas con aliados legislativos que permitieron mantener la PNC. Ahora falta que el Senado dé su aprobación. En este marco, el Ejecutivo avanza en el ordenamiento del sistema de pensiones para garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes efectivamente padecen una discapacidad.
Desde la Casa Rosada señalan que existen cientos de miles de pensiones otorgadas a personas sin discapacidad real, denominadas PNC “fantasmas”. Según funcionarios, “la eliminación de estas pensiones no afectará a personas con discapacidad real, ya que están identificando prestaciones otorgadas de manera fraudulenta para que los recursos del Estado lleguen a quienes los necesitan”.
Las autoridades prevén informar oficialmente entre el martes y jueves próximos sobre los primeros recortes tras la auditoría, que continuará profundizándose. Se anticipa que estas medidas podrían generar reclamos públicos, pero el ajuste seguirá en los próximos meses para corregir irregularidades detectadas en subsidios que se pagan desde hace años.
El Gobierno reconoce que durante la gestión de Alberto Fernández se incrementó notablemente la cantidad de beneficiarios de las PNC, pero advierten que esto ocurrió “por motivos políticos, proselitistas, y no porque se repartieron para quienes las necesitan de verdad”. En mayo de 2023 se informó la entrega de 300.000 pensiones, aunque desde la actual administración se cuestiona la falta de criterios en esos subsidios: “Entregaron pensiones a quienes no sufren ninguna incapacidad física”.
Este ajuste se produce en un contexto delicado, tras años de reclamos de los sectores con discapacidad por presupuestos insuficientes en los organismos encargados de implementar los planes sociales. La demora en la sanción de la nueva Ley de Discapacidad se debió a discrepancias internas y la necesidad de negociar modificaciones con aliados parlamentarios.
En el Gobierno, el presidente de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mostraron mayor disposición a escuchar los reclamos sociales, mientras que desde el Ministerio de Economía y el propio presidente Javier Milei expresaron reticencias frente al aumento del gasto público que implicaría la nueva legislación. Además, preocupa que los principales beneficiarios de los fondos sean contratistas en lugar de las personas con discapacidad.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, está analizando las fuentes de financiamiento para la nueva norma. Aunque hubo resistencia inicial de Economía, la media sanción se concretó y ahora se avanza con las auditorías que podrían derivar en recortes presupuestarios si se confirman irregularidades.
Como parte de estas medidas, ya se clausuraron establecimientos educativos en la provincia de Buenos Aires que recibían fondos públicos para atención a discapacitados pero funcionaban como “sellos cáscara”. Uno de ellos fue la Fundación METAS, ubicada en La Reja, Moreno, que desde 2016 se registró como “Servicio de Apoyo a la Integración Escolar” (SAIE) pero no cumplía con las condiciones mínimas para operar.
El 28 de julio de 2025, inspectores constataron que el edificio estaba cerrado y abandonado, sin agua, electricidad ni mobiliario, y con acumulación de residuos. A pesar de esto, el 8 de agosto se impidió una nueva inspección. Finalmente, el 17 de septiembre del mismo año, la Fundación METAS fue dada de baja del sistema SENADIS. Entre 2017 y 2025, esta entidad facturó más de 6.200 millones de pesos en fondos públicos sin presentar reclamos tras la clausura.
El Gobierno asegura que estos casos se repiten y que auditorías similares detectaron irregularidades en otras PNC, que además de un haber mensual cercano a 380.000 pesos, incluyen el acceso a medicamentos mediante el plan Incluir Salud. La suspensión de subsidios y certificados solo se aplicará si se cuenta con documentación y pruebas contundentes, y cuenta con el respaldo de aliados parlamentarios.
Las auditorías se vieron demoradas por un escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que estalló en agosto de 2025 con la difusión de audios del ex titular Diego Spagnuolo, quien denunció un supuesto esquema de coimas dentro del organismo y en la Casa Rosada. Spagnuolo fue despedido y procesado por maniobras de compra de medicamentos con sobreprecios, aunque él alegó manipulación de las grabaciones.
El caso judicial avanza bajo la fiscalía de Franco Picardi y los jueces Sebastián Casanello y Ariel Lijo. Desde entonces, la discusión pública sobre el financiamiento para discapacitados se mantuvo activa, pero con la llegada del nuevo gobierno, comenzaron las auditorías que ahora se traducen en recortes oficiales para corregir irregularidades detectadas en el sistema.