El gobierno de Javier Milei llevó a cabo un operativo de control migratorio en el partido bonaerense de La Matanza, replicando un modelo similar al que impulsa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La acción fue coordinada por el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina, en el marco de una política migratoria y de seguridad más estricta.
Durante el procedimiento, se verificaron los documentos de 385 ciudadanos extranjeros, de los cuales 16 se encontraron en situación migratoria irregular. Estas personas deberán regularizar su estatus para poder permanecer en el país, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, serán expulsadas.
La estrategia adoptada por el gobierno enfatiza controles rigurosos y reglas claras: sin documentación válida, no hay permanencia. Esta medida se suma a otras similares promovidas por la administración nacional, que posiciona el control migratorio como una pieza clave dentro de su agenda de seguridad. Sin embargo, estas acciones han generado cuestionamientos por parte de sectores opositores y organizaciones de derechos humanos.
En paralelo, el Ejecutivo avanza con la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, cuyo objetivo principal será reforzar el control en las fronteras y gestionar de manera más estricta los flujos migratorios. El designado para liderar esta nueva entidad es Diego Valenzuela, quien estará a cargo de un organismo que se define como un "ICE argentino".
Esta agencia buscará intensificar las deportaciones de extranjeros involucrados en delitos y combatir el crimen organizado. Según fuentes oficiales, el decreto que formalizará su puesta en marcha se encuentra "en los últimos ajustes técnicos". Una cuestión clave que se está evaluando es si la agencia contará con una fuerza propia, lo que podría modificar el rol actual que desempeñan en materia migratoria la Gendarmería, la Prefectura Naval y otras fuerzas federales.
El modelo de referencia para esta iniciativa es el ICE estadounidense, que actúa "en, dentro y más allá de las fronteras" para hacer cumplir las leyes migratorias, según su propia definición institucional. Esta aproximación implica una política de control más firme y con mayor capacidad operativa.