El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento formal para que se abra una investigación contra Manuel Adorni, jefe de Gabinete, por un presunto enriquecimiento ilícito. Esta figura penal sanciona a funcionarios públicos cuyo patrimonio crece de manera desproporcionada en relación con sus ingresos legítimos.
En su pedido ante la Justicia, Pollicita solicitó impulsar la acción penal tras evaluar los elementos aportados en una denuncia de la diputada Marcela Pagano. Según esta denuncia, Adorni habría incrementado su patrimonio en un 500% durante un único período fiscal, lo que genera serias sospechas sobre la legitimidad de ese aumento.
El expediente quedó a cargo del juzgado federal que conduce Ariel Lijo, quien deberá decidir sobre las medidas solicitadas para avanzar con la pesquisa. En el escrito presentado, se destacan discrepancias notorias entre las declaraciones juradas de Adorni y la posible existencia de activos financieros y depósitos en el exterior que no fueron declarados.
Además, la denuncia señala la incorporación de fondos que habrían sido justificados mediante préstamos familiares, aunque la fiscalía pretende verificar la existencia y legitimidad de esos préstamos.
Otro aspecto bajo análisis es la existencia de un inmueble no declarado ubicado en el Country Indio Cúa Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Según la denuncia, esta propiedad no figura en la Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción.
El fiscal destacó que múltiples fuentes coinciden en que Adorni y su pareja, Bettina Julieta Angeletti, habrían estado vinculados a la construcción de dicha vivienda, aunque no la hayan declarado oficialmente. La denuncia subraya que el funcionario sólo consignó dos propiedades y omitió esta en su documentación patrimonial.
Respecto al valor de mercado, la fiscalía citó información pública de portales inmobiliarios que indican que las casas en el Country Indio Cúa tienen un precio promedio de venta cercano a u$s149.875, con valores que varían entre u$s129.000 y u$s249.000 según la superficie y ubicación. Además, la cuota de ingreso ronda los $5.000.000, y las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas del complejo.
Para avanzar en la investigación, Pollicita solicitó una batería de 12 diligencias que incluyen pedidos de informes a registros de la propiedad nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y ANSES. El objetivo es reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y verificar la titularidad de bienes, vehículos y posibles participaciones societarias a nombre suyo o de su pareja.
Una de las medidas apunta a determinar quién abona las expensas del inmueble en el country, por lo que se pidió un oficio a la administración del Country Indio Cúa. Asimismo, se solicitó información a la municipalidad sobre permisos de construcción vinculados a Adorni o Angeletti, dato clave para establecer su vinculación con la propiedad.
El fiscal también pidió al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un informe detallado sobre todos los bienes inmuebles registrados a nombre de ambos, incluyendo titularidad, porcentajes, fechas de adquisición, gravámenes e inhibiciones.
Además, se requirieron datos migratorios y movimientos laborales del funcionario, junto con documentación sobre eventuales operaciones inmobiliarias o financieras relacionadas con el caso. La Fiscalía busca confirmar la existencia y justificación de los préstamos familiares mencionados en la denuncia.
Entre las solicitudes figura la copia certificada de todas las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por Adorni, incluyendo anexos reservados correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y, si existiera, 2025. También se pidió la declaración jurada patrimonial integral que presentó al asumir su cargo y la correspondiente al último ejercicio exigible.
Por el momento, el juez federal Ariel Lijo debe decidir si acepta las medidas solicitadas para permitir que la fiscalía avance en el cruce de información patrimonial. El proceso judicial recién comienza y podría extenderse durante varios meses hasta una resolución definitiva.