El anuncio de que Argentina busca adquirir submarinos franceses encendió una nueva polémica. En un país donde los hospitales no tienen insumos, los jubilados sobreviven con haberes mínimos y las escuelas enfrentan recortes, la idea de destinar millones de dólares a equipamiento militar suena, al menos, desconcertante.
Mientras desde el Gobierno se intenta justificar la compra como una “estrategia de defensa nacional”, la sociedad observa cómo los problemas más urgentes siguen sin resolverse. No hay fondos para mejorar los salarios docentes, se postergan obras hospitalarias y se multiplican los comedores comunitarios. Sin embargo, parece haber recursos disponibles para embarcarse en una operación internacional de alto costo.
El contraste es evidente: la defensa del territorio parece prioritaria frente a la defensa del bienestar de los propios ciudadanos. En un país con índices crecientes de pobreza y con sectores esenciales reclamando presupuesto, la compra de submarinos aparece como una decisión ajena a la realidad cotidiana.
En definitiva, la pregunta que queda flotando es simple pero profunda: ¿cómo puede un Estado que dice no tener dinero para sus jubilados, maestros y enfermeros justificar semejante gasto en armamento? Tal vez el verdadero desafío no esté bajo el mar, sino en la superficie, donde millones de argentinos esperan que alguien los defienda de la crisis y no que les pidan más sacrificios en nombre de ella.