El Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del juez Claudio Marcelo Vázquez, ordenó la suspensión cautelar de la aplicación de la reciente reforma nacional a la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz. La medida busca impedir que el Estado Nacional autorice o realice actividades que puedan afectar los glaciares o ambientes periglaciales hasta que exista una sentencia definitiva.
Esta decisión judicial representa un fuerte revés para la modificación normativa aprobada hace menos de dos semanas por el Congreso, que había generado un intenso debate por su impacto potencial sobre la minería y otros desarrollos productivos en áreas protegidas.
En su fallo, el magistrado advirtió sobre el “peligro en la demora” y señaló que la aplicación inmediata de la reforma podría ocasionar daños irreversibles a reservas estratégicas de agua dulce. Por ello, consideró necesario mantener vigente la protección establecida por la ley original hasta que se resuelva el fondo del asunto.
El juez destacó que los glaciares cumplen una función vital ambiental e hídrica, y que su defensa se basa en principios constitucionales como el precautorio y el de no regresión ambiental, contemplados en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
La reforma cuestionada redefinía el concepto de “ambiente periglacial”, permitiendo un mayor desarrollo económico en zonas que antes tenían restricciones más estrictas. Desde el Gobierno nacional, se argumentó que la reforma buscaba equilibrar la inversión con el control ambiental a través de estudios de impacto previos.
No obstante, diversos sectores ambientalistas y políticos expresaron su preocupación por el debilitamiento en la protección de ecosistemas clave, especialmente en provincias cordilleranas y patagónicas, donde la minería y el uso del agua son temas sensibles.
En paralelo, la Legislatura de Santa Cruz aprobó por unanimidad una reforma a la Ley 3.123, conocida como “blindaje ambiental”, que refuerza la protección de glaciares y recursos naturales estratégicos, iniciativa impulsada por el diputado Carlos Alegría.
Con esta resolución, Santa Cruz se convierte en la primera provincia donde la reforma nacional queda judicialmente limitada, lo que abre un nuevo capítulo en el debate entre desarrollo productivo y conservación ambiental. Mientras el Estado nacional evalúa sus próximos pasos, este precedente podría replicarse en otras provincias con conflictos similares.
Por ahora, la legislación original de 2010 que establece la protección integral de los glaciares vuelve a regir plenamente en Santa Cruz, al menos hasta que la Justicia tome una decisión definitiva sobre la reforma.