Este martes, la Cámara Federal de lo Contencioso Administrativo confirmó que el Gobierno nacional debe actualizar los salarios docentes, las becas estudiantiles y los programas de investigación en las universidades públicas, tal como establece la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución, firmada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, responde a un reclamo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a diversas casas de estudio públicas del país. El fallo pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de asegurar un presupuesto adecuado para la educación superior.
Los magistrados destacaron que la ley 27.795 fue sancionada por el Congreso de la Nación con mayoría agravada, pese a la observación total realizada por el Poder Ejecutivo. En este sentido, subrayaron que dicha norma tiene plena vigencia y no puede ser anulada por decisiones administrativas posteriores.
Además, cuestionaron el argumento gubernamental que sostiene la suspensión de la ley basándose en una normativa anterior. “No debe perderse de vista que todas las leyes dictadas por el Congreso poseen la misma jerarquía normativa”, indicaron, rechazando que la Ley de Administración Financiera pueda prevalecer sobre una ley específica aprobada con amplio respaldo legislativo.
El tribunal también se preguntó si el Poder Ejecutivo puede considerar suspendida una ley vigente del Congreso amparándose en otra norma anterior, concluyendo que la respuesta es negativa.
Este fallo judicial representa un respaldo claro a los reclamos del sistema universitario público, que en los últimos meses ha alertado sobre el deterioro presupuestario y la pérdida del poder adquisitivo de docentes e investigadores.
Con esta decisión, la Justicia refuerza la obligación del Gobierno de garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades nacionales, en un contexto de tensión creciente entre el Ejecutivo y el sector educativo por el financiamiento.