En medio de la disputa por el financiamiento del sistema universitario, la Justicia decidió suspender de forma provisoria la ejecución de la medida cautelar que ordenaba al Gobierno nacional transferir fondos a las universidades. La resolución fue tomada por el juez de primera instancia Martín Cormick y queda sujeta a la posible intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La suspensión afecta específicamente los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, que contemplan la recomposición salarial para el personal docente y no docente, además de la actualización de partidas presupuestarias y becas estudiantiles. En la práctica, esto implica que queda momentáneamente bloqueada la vía judicial para exigir el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Estado.
Esta decisión surge a partir de un recurso extraordinario federal presentado por el Poder Ejecutivo el 17 de abril, que busca que el máximo tribunal se pronuncie sobre el caso. Actualmente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal está analizando si permite avanzar con la instancia ante la Corte Suprema.
Vale recordar que el mismo tribunal había fallado a favor del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el 31 de marzo, ratificando la cautelar que obligaba al Gobierno a cumplir con la ley y actualizar los fondos destinados a las universidades públicas.
Desde el CIN aclararon que la nueva resolución no representa una definición definitiva sobre el fondo del asunto y adelantaron que la apelarán. “Mientras tanto lo vamos a recurrir”, afirmaron, subrayando que la discusión central sobre la constitucionalidad y aplicación de la norma permanece abierta.
En sintonía, el equipo legal de las universidades calificó la suspensión como una decisión “carente de sustento jurídico” y ya trabaja en su impugnación. El efecto principal del fallo es otorgar carácter suspensivo a la ejecución de la cautelar hasta que la Corte Suprema resuelva el recurso planteado por el Gobierno.
Por su parte, desde el sector sindical interpretaron esta medida como un paso procesal dentro de un conflicto más amplio que atraviesa el financiamiento universitario. Señalaron que los fallos favorables a las universidades siguen vigentes, aunque por ahora no pueden ser ejecutados.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, criticó la decisión y señaló: “Es un guiño al Gobierno, sin resolver la cuestión de fondo. No definió si corresponde que la cautelar llegue a la Corte, pero sí le dio efecto suspensivo”.
Con esta resolución, el conflicto por el financiamiento del sistema universitario entra en una nueva etapa judicial, dejando en suspenso la actualización de recursos y generando incertidumbre en el ámbito de la educación superior, mientras se aguarda la definición final de la Corte Suprema.