El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que una suma superior a un billón de pesos, originalmente recaudada para el mantenimiento de rutas a través del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), fue redirigida al Ministerio de Economía, actualmente bajo la gestión de Luis Caputo. Este fideicomiso obtiene recursos del impuesto a los combustibles con la finalidad exclusiva de construir y conservar rutas nacionales.
De los 1,5 billones de pesos recaudados, apenas cerca de una cuarta parte fue empleada para su propósito inicial. Según Ravier, mientras una porción de esos impuestos se destina a Vialidad, otra parte es administrada por el Ministerio de Economía para mantener el equilibrio fiscal.
La diputada Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal detallando que el monto de 1.001.017.908.957 pesos fue inmovilizado en instrumentos financieros como plazos fijos en el Banco Nación y letras del Tesoro. La acusación apunta contra el ministro Caputo, autoridades de Vialidad Nacional y del Banco Nación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad, subrayando que se privilegió la "mesa de dinero" por encima de la seguridad vial.
Tolosa Paz advirtió que esta transferencia de capitales al Ministerio de Economía se produjo mientras las obras viales comprometidas permanecen paralizadas o con avances mínimos, y la red nacional muestra un deterioro significativo que afecta el servicio público.
El 31 de julio, el Juzgado Federal de Venado Tuerto, en Santa Fe, aceptó una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, debido al estado crítico e intransitable de tramos de las Rutas Nacionales 33, 8 y 7. El juez federal Aurelio Cuello Murúa concluyó que la falta de mantenimiento no se debe a la falta de recursos, sino a la omisión deliberada de autorizaciones presupuestarias por parte del Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte.
En consecuencia, se ordenó la "inmediata y urgente reparación integral" de dichas rutas nacionales.
La controversia también generó críticas desde el ámbito municipal. El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, utilizó su cuenta de X para señalar que "el impuesto para las rutas no se gasta en las rutas, se invierte en plazos fijos y títulos para sostener el 'equilibrio fiscal'. Se guardaron 1 billón de pesos, un 1 seguido de doce ceros".
Además, el intendente detalló la distribución provincial de los fondos, resaltando que "a La Pampa le llegó el 0,05% de los fondos. Puesto 23, la última en el ranking de fondos recibidos" y concluyó irónicamente: "Todo un reconocimiento al lugar que ocupamos para el gobierno nacional".