El Senado de la Nación abrirá sesión el jueves 16 de julio a las 12:00 para tratar el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que elimina el límite para la venta de tierras rurales a extranjeros, uno de los ejes centrales de la iniciativa sobre "inviolabilidad de la propiedad privada".
Tras más de un mes de estancamiento, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, logró acordar con fuerzas provinciales, la UCR y el PRO, lo que permitirá que el proyecto llegue finalmente al recinto antes del receso invernal, previsto para el 20 de julio.
El texto, diseñado junto al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, busca derogar el tope del 15% del territorio nacional o provincial que actualmente limita la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, establecido por la Ley de Tierras Rurales de 2011.
En la negociación, el Gobierno aceptó mantener ciertas prohibiciones y ceder a las provincias la potestad para autorizar estas ventas, además de conservar la prohibición para que Estados extranjeros puedan comprar tierras rurales. En el borrador final, las empresas con participación estatal extranjera deberán contar con la aprobación conjunta de la provincia y el Poder Ejecutivo Nacional para realizar adquisiciones.
También se estableció que la autorización para la compra de tierras se regirá por el régimen de "silencio administrativo", por el cual la falta de respuesta en 60 días implicará la aprobación automática de la operación, conforme al artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones.
Junto con el capítulo sobre tierras rurales, la sesión incluirá cerca de treinta pliegos judiciales, entre ellos la prórroga del juez laboral Víctor Pesino, y un proyecto que declara a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina el 9 de julio de cada año.
El proyecto también introduce cambios significativos en los procesos judiciales relacionados con la restitución de propiedades. Propone un "desalojo exprés" para casos de tenedores precarios e intrusos, permitiendo al juez ordenar la entrega inmediata del inmueble tras iniciado el juicio. Para inquilinos con falta de pago, se estableció un plazo de 10 días desde la intimación formal antes de iniciar la demanda de desalojo.
Las notificaciones electrónicas serán válidas para avanzar con los desalojos, incluso si el inquilino se niega a recibir la notificación física. Además, en procesos sumarísimos de desalojo, el juez deberá considerar si hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, otorgando un plazo de 10 días para garantizar una alternativa habitacional.
Durante la negociación, el oficialismo acordó retirar artículos que habilitaban desalojos directos sobre asentamientos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), una concesión frente a críticas de la oposición.
El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones, estableciendo que la declaración de utilidad pública sea restrictiva y especificando que la expropiación debe ser idónea, necesaria y proporcional. Se limita la indemnización por lucro cesante al 30% del daño emergente para evitar juicios millonarios contra el Estado.
El valor del bien expropiado deberá determinarse antes de cualquier acto público y será actualizado según el IPC y una tasa de interés nominal anual del Banco de la Nación Argentina desde la mora hasta el pago efectivo.
El oficialismo confía en que el proyecto obtendrá media sanción en el Senado, reflejando una recuperación política tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, que había generado paralización en la Cámara alta. Sin embargo, se esperan críticas y posibles modificaciones de la oposición conforme se acerque la fecha de votación.