Una comerciante de Puerto Madryn fue condenada a abonar $2.450.000, más intereses, a una vecina a quien acusó públicamente de robarle dinero mediante publicaciones en Facebook. La Cámara de Apelaciones local ratificó la sentencia de primera instancia por daño moral y ordenó que la acusadora publique una rectificación durante 15 días consecutivos en su perfil personal y en la cuenta comercial de su emprendimiento de indumentaria.
El conflicto comenzó en febrero de 2021, cuando la comerciante detectó movimientos sospechosos en su cuenta de Mercado Pago. Entre los débitos cuestionados, vinculados a compras en comercios digitales, señaló a una vecina, acusándola de haber clonado su tarjeta de débito y de sustraerle dinero.
Tras una conversación telefónica en la que reclamó la devolución del dinero y amenazó con denunciar judicialmente el hecho, la mujer difundió en Facebook mensajes en los que identificó a la vecina, calificándola de “chorra”. Además, publicó una fotografía, dirección y número telefónico, lo que generó numerosos comentarios y compartidos, amplificando la acusación.
De manera paralela, la comerciante inició una denuncia penal que incluyó un allanamiento en la vivienda de la acusada y el secuestro de dispositivos electrónicos. Sin embargo, la investigación concluyó con el sobreseimiento de la vecina, ya que no se comprobó que hubiera clonado la tarjeta ni realizado los gastos imputados.
Ante esta situación, la mujer afectada presentó una demanda civil para reclamar una reparación por el daño moral sufrido. El Juzgado Civil y Comercial N.º 1 de Puerto Madryn falló a su favor el 19 de marzo de 2026, y tras la apelación de la comerciante, la Cámara de Apelaciones confirmó la condena.
La indemnización fue establecida en $2.450.000, que incluye $50.000 por gastos notariales y $2.400.000 por daño moral, más intereses calculados al 6% anual desde el momento del hecho hasta la sentencia, junto con las costas y honorarios profesionales.
Además, la sentencia dispone que la comerciante publique una rectificación en sus redes sociales, donde deberá reconocer que las acusaciones perjudicaron el honor de la vecina y que no se acreditó ningún delito. Estas publicaciones deberán permanecer visibles durante 15 días corridos.
Los jueces destacaron la diferencia entre el derecho a denunciar un posible delito ante las autoridades y la difusión pública de acusaciones sin pruebas, que puede generar responsabilidad civil si se demuestra el daño. Asimismo, rechazaron que la libertad de expresión justifique la publicación de mensajes denigrantes que expusieron a la mujer a insultos y amenazas.
Un magistrado señaló que en comunidades pequeñas, donde las personas se conocen, una acusación viral puede afectar profundamente la vida cotidiana y el trato social de quien es señalado. En el expediente se consideró además una pericia psicológica que evidenció secuelas emocionales vinculadas al caso.
La demandante solicitó una indemnización mayor y que la rectificación se difundiera también en diarios impresos, pero la Cámara rechazó estos pedidos, señalando que la reparación debe ser proporcional al daño comprobado y al medio utilizado para la difusión.
Este caso vuelve a poner en debate los límites de las acusaciones en redes sociales: denunciar sospechas a través de canales oficiales no implica poder presentar públicamente a alguien como culpable antes de que se hayan probado los hechos.