El Senado convirtió en ley el proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa clave del Gobierno nacional que fue aprobada con 42 votos a favor y 26 en contra. La votación reflejó profundas divisiones en la Patagonia, donde de 12 senadores, cinco respaldaron la norma y siete la rechazaron.
En Neuquén, la senadora Julieta Corroza (La Neuquinidad) se opuso a la ley, alineándose con la postura del gobernador Rolando Figueroa, quien expresó desacuerdos con algunos aspectos del proyecto. Por otro lado, los libertarios Mario Cervi y Nadia Márquez apoyaron la iniciativa.
El rechazo fue unánime en Santa Cruz, donde Alicia Kirchner, José María Carambia y Natalia Gadano votaron en contra. Carambia y Gadano, integrantes de Moveré Santa Cruz, se distanciaron del oficialismo provincial liderado por Claudio Vidal y mantuvieron una agenda propia en el Congreso, lo que se reflejó en su negativa a acompañar la propuesta del Gobierno nacional.
En Chubut, las senadoras Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi (Despierta Chubut) apoyaron la sanción, mientras que el peronista Carlos Linares votó en contra. En Río Negro, Enzo Fullone (La Libertad Avanza) se pronunció a favor, y Ana Marks junto a Martín Soria (Fuerza Patria) lo hicieron en contra.
La votación evidenció que, aunque los senadores libertarios fueron mayoritariamente favorables y el peronismo se mostró contrario, el debate no se limitó exclusivamente a las líneas partidarias, sino que también estuvo atravesado por posturas provinciales y regionales.
La ley introduce cambios significativos en el régimen de propiedad: establece requisitos más estrictos para declarar la utilidad pública de un inmueble y avanzar con su expropiación. Además, la indemnización debe ser abonada antes de la transferencia y calculada según el valor objetivo de mercado, incluyendo la posibilidad de considerar el lucro cesante dentro de límites legales.
En cuanto a los desalojos, se agilizan los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles en casos de ocupaciones sin título. También se fijan plazos para que inquilinos con deudas regularicen su situación y se contemplan protecciones para personas en situación de vulnerabilidad.
Un aspecto especialmente relevante para la Patagonia es la restitución de la Ley de Tierras Rurales 26.737. La Cámara de Diputados incorporó dos artículos que dejaron sin efecto la derogación establecida por el DNU 70/2023, y el Senado aceptó estas modificaciones, restableciendo las restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Esta normativa es fundamental en el sur argentino, donde existen grandes extensiones rurales, zonas de frontera, áreas cordilleranas y territorios vinculados a recursos naturales estratégicos. La Ley de Tierras limita al 15% la propiedad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de imponer restricciones según nacionalidad y superficie.
La vigencia de esta ley implica controles estrictos sobre las compras y tenencias de campos por parte de extranjeros, sin impedir la inversión extranjera, pero estableciendo límites y mecanismos de supervisión para la adquisición de tierras rurales.
El impacto regional se extiende a la protección de áreas cercanas a recursos estratégicos, especialmente en provincias patagónicas como Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, donde conviven actividades hidrocarburíferas, agropecuarias, turísticas, forestales y reservas de agua, lo que hace que el régimen de propiedad rural tenga un alcance que trasciende lo inmobiliario.
Finalmente, en Neuquén capital, el 20 de noviembre se abrió la licitación para la Boleta Única Electrónica, centrada en software y capacitación, mientras que la provincia aportará las máquinas. Este acuerdo entre el intendente Gaido y el gobernador Figueroa busca evitar la implementación de dos sistemas distintos para las elecciones previstas el 14 de febrero.