El gobernador Nacho Torres ha dispuesto, a través del decreto N° 1873, que todos los organismos de la administración pública de la provincia inicien las gestiones necesarias para finalizar con la cesantía de aquellos empleados que no estén cumpliendo con sus funciones y no cuenten con una justificación legal válida.
En este sentido, los departamentos de personal deben verificar la situación de aquellos agentes que no hayan realizado el censo obligatorio, para determinar su relación laboral y, en caso de ser necesario, comenzar el correspondiente proceso sumarial.
Además, los organismos públicos deben comunicar a la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría General de Gobierno las medidas adoptadas respecto a cada empleado que no se haya censado y que continúe percibiendo un sueldo. Este informe debe ser presentado en un plazo de 15 días hábiles a partir de la publicación del decreto.
Con esta medida, el gobierno busca garantizar que todos los empleados de la administración pública cumplan con sus responsabilidades y eviten el abandono de servicio o la falta injustificada. Se espera que esta decisión contribuya a un mejor funcionamiento de los organismos estatales y a una mayor eficiencia en la gestión pública.