El intendente de Trelew, Gerardo Merino, y su abogada Gladys Olavarría, presentaron una denuncia por coacción agravada contra el abogado Gastón Bordier y Belén Tromador, quien acusó al jefe comunal de abuso. Según la denuncia, se les imputa extorsionar al intendente para obtener empleo en el Estado. Los chats presentados como prueba revelan que si Merino no cumple con la solicitud laboral, se amenaza con una denuncia de contenido sexual. Ante esta situación, el intendente se niega a participar en una transacción ilegal propuesta por Bordier, lo cual desencadena la recepción de intimidaciones en su celular por parte del abogado. Luego de darle un plazo de 48 horas y más tarde 10 días hábiles, al no acceder a las demandas, Merino fue denunciado por abuso en noviembre.
La abogada Olavarría explica que los delitos de abuso sexual son de acción privada y pueden cerrarse con una negociación judicial. Sin embargo, sospechan que el objetivo de Bordier es desprestigiar al intendente para luego conseguir que Tromador sea contratada de forma ilegal en la planta permanente. Por su parte, Bordier buscaba un cargo como asesor legal en el área de Transporte del Ministerio de Gobierno de la Provincia y quería que Merino utilizara sus contactos para ayudarlo.
Olavarría resalta la importancia de que la sociedad conozca la verdadera actitud de estas personas y cómo el intendente manejó la situación. Además, destaca que la denuncia de abuso de la mujer es falsa y que Bordier busca presionarlo de manera indirecta para conseguir un cargo ilegalmente. Los mensajes con Tromador dejan claro que no hubo ningún tipo de abuso, pero ella se niega a someterse a una pericia psicológica por temor a que demuestre que no sufrió ningún abuso.
Merino presenta los chats completos con ambos como prueba, los cuales datan desde agosto de 2023. Olavarría interpreta que Bordier y Tromador son vecinos, lo que sugiere que planearon esta actividad delictiva durante mucho tiempo. Los primeros mensajes son de ella hacia el intendente con propuestas íntimas e incluso fotos, en los cuales insiste en reunirse en lugares fuera del horario habitual y sin cámaras de seguridad.
La coacción agravada tiene una pena mínima de 5 años de prisión. La abogada propone que esta causa se combine con la falsa denuncia. Además, si Bordier utilizó un escrito para alegar vínculos entre Merino y el procurador general Jorge Miquelarena y los fiscales para evitar una investigación, podría enfrentar cargos por fraude procesal, ya que estaría utilizando las instituciones con fines delictivos.
Olavarría asegura que los chats son muy explícitos y que la situación es evidente, por lo que el intendente está dispuesto a cualquier medida, incluso una pericia psicológica, para demostrar su inocencia. Su objetivo siempre fue que esta persona deje de presionarlo utilizando las instituciones judiciales y los medios de comunicación. En estos momentos, Bordier y Tromador serán notificados oficialmente y deberán designar un defensor.