El anuncio realizado por el gobernador Ignacio Torres y el intendente Gustavo Sastre sobre una futura modificación del régimen de coparticipación para que Puerto Madryn "reciba lo que le corresponde" fue presentado como una reparación histórica. Sin embargo, dejó sin responder una de las preguntas más importantes: ¿de dónde saldrán esos recursos?
La discusión sobre la distribución de la coparticipación es legítima. Puerto Madryn sostiene desde hace años que su crecimiento demográfico, económico y urbano no fue acompañado por una actualización de los índices de reparto, por lo que reclama una mayor participación en los fondos provinciales. Ese planteo fue respaldado públicamente por el Gobierno provincial, que anunció el inicio de un proceso para revisar el sistema vigente.
Pero existe un aspecto que hasta el momento no fue explicado. La masa coparticipable provincial es una sola. No se trata de una fuente de recursos adicional ni de dinero nuevo que aparezca por una modificación legal. Salvo que la Provincia incremente significativamente sus ingresos, cualquier aumento para un municipio implica necesariamente una reducción para otros.
En otras palabras, si Puerto Madryn recibe una porción mayor del reparto, el resto de las ciudades y comunas deberán compartir una porción menor de la misma torta.
Ese escenario abre interrogantes que exceden a Madryn. ¿Qué municipios perderán recursos? ¿Cuánto dejarán de percibir ciudades como Esquel, Trelew, Comodoro Rivadavia, Rawson, Trevelin, Lago Puelo o Epuyén? ¿Existe un estudio de impacto financiero que cuantifique las consecuencias para cada localidad?
Hasta ahora, el discurso oficial se concentró en la idea de una "reparación histórica", pero no presentó simulaciones ni proyecciones que permitan conocer quiénes asumirán el costo de esa reparación. Tampoco se difundieron los criterios técnicos que justificarían una eventual redistribución ni los mecanismos para evitar que municipios con presupuestos mucho más ajustados vean resentidas sus cuentas.
El propio gobernador convocó a debatir una nueva ley de coparticipación basada en criterios actualizados y en la realidad de cada ciudad. Ese debate, sin embargo, difícilmente pueda limitarse a reconocer el reclamo de un municipio sin analizar el impacto que tendrá sobre los demás gobiernos locales.
La discusión, entonces, ya no pasa solamente por determinar si Puerto Madryn recibe menos de lo que considera justo. También deberá responder quién resignará recursos para financiar ese cambio y con qué fundamentos. Porque en materia de coparticipación la ecuación es simple: cuando la caja es la misma, cada peso que ingresa a un municipio necesariamente deja de llegar a otro.