Un tribunal unipersonal declaró la responsabilidad penal de Luis Ismael Calfullanca, de 29 años, por su participación en un robo agravado en poblado y en banda ocurrido en la localidad de Cholila.
La acusación fue sostenida por el Fiscal General Nicolás Vasiliev y el Funcionario de Fiscalía Cristian Cayún, quienes reconstruyeron la mecánica del hecho y fundamentaron la participación del acusado. El equipo de debate también estuvo integrado por el prosecretario administrativo Claudio Rodríguez.
La conducta de Calfullanca fue encuadrada en el artículo 167, inciso 2, del Código Penal argentino, que contempla el robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en calidad de coautor.
El robo ocurrió durante la madrugada
El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:30 del 1 de julio de 2023, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Pellegrini y Pasaje Patagonia, en Cholila.
De acuerdo con lo acreditado durante el debate, un grupo de personas aprovechó la ausencia momentánea de los ocupantes para ingresar al inmueble. Para hacerlo, violentaron la puerta de entrada mediante el uso de una barreta.
Una vez dentro de la vivienda, los autores se apoderaron de distintos elementos, entre ellos un televisor de 21 pulgadas, un decodificador de televisión por cable, un lavarropas plástico a paleta, ropa de cama y herramientas de jardín.
Apenas 48 horas después del episodio, en el marco de una serie de allanamientos solicitados por la Fiscalía, la Policía logró secuestrar la totalidad de los elementos sustraídos.
Los objetos fueron encontrados en una propiedad perteneciente al entorno familiar del imputado, un elemento que fue incorporado a la investigación y valorado durante el juicio.
Las pruebas que sostuvieron el veredicto
Uno de los elementos centrales de la acusación fue el reconocimiento directo realizado por un vecino que se encontraba al cuidado del inmueble. Durante la audiencia, el testigo identificó a Calfullanca como una de las personas vinculadas al hecho.
Además, se acreditó que el vecino había alertado prácticamente de inmediato a un patrullero que recorría la zona durante los primeros momentos de la investigación. En esa oportunidad, señaló al acusado por su nombre y también por su apodo.
El magistrado consideró que, si bien el testigo manifestó cierta tensión al declarar frente al imputado, su señalamiento resultó genuino e inequívoco y fue respaldado por el resto de los elementos incorporados al debate.
Otro aspecto considerado por la Fiscalía fue la vinculación de Calfullanca con otros involucrados en el robo, quienes previamente habían asumido su responsabilidad penal mediante juicios abreviados.
El tribunal descartó la versión de la defensa
Durante el proceso, el acusado intentó plantear una explicación alternativa sobre lo ocurrido. Entre otros argumentos, hizo referencia a una supuesta enemistad previa con el testigo y procuró trasladar la responsabilidad hacia un tercero.
Sin embargo, esa versión fue descartada por el tribunal al considerar que no se correspondía con los elementos probatorios producidos durante el debate.
Para la acusación, el conjunto de las pruebas permitió reconstruir la participación del imputado y establecer que formó parte del grupo que ejecutó el robo en la vivienda de Cholila.
La coautoría funcional
En sus fundamentos, el juez aplicó la doctrina de la coautoría funcional, según la cual existe responsabilidad compartida cuando se acredita una convergencia de voluntades y un aporte relevante en la ejecución conjunta de un delito.
Bajo este criterio, no resulta indispensable determinar cuál fue exactamente la tarea desarrollada por cada integrante durante el atraco, siempre que se encuentre acreditada su participación dentro del plan común y el aporte realizado haya sido relevante para concretar el hecho.
Con esos fundamentos, el tribunal declaró a Luis Ismael Calfullanca penalmente responsable como coautor del robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.
El 5 de octubre se definirá la pena
Con el veredicto de culpabilidad ya establecido, el proceso ingresó en su etapa final. El tribunal convocó a las partes a la audiencia de cesura de pena, instancia en la que se discutirá la sanción que deberá cumplir el condenado.
La audiencia fue fijada para el lunes 5 de octubre a las 11:00 horas. Allí las partes expondrán sus argumentos vinculados con la pena que corresponde imponer.
Luego de esa audiencia, el juez contará con un plazo de cinco días hábiles para dar a conocer la sentencia y determinar la sanción correspondiente.