La sede de PAMI en El Bolsón fue epicentro de una fuerte controversia tras la decisión de cerrar sus puertas el pasado 18 de junio para adherirse a una movilización nacional en apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El hecho derivó en la desvinculación de la delegada local, María Eugenia Alonso, y en la suspensión por 29 días del resto del personal, que también se acopló a la medida.
La situación generó indignación entre los afiliados y vecinos de la localidad rionegrina, ya que el cierre dejó sin atención a decenas de personas mayores que debieron regresar al día siguiente para realizar trámites urgentes.
En el ventanal de ingreso al Centro de Atención Primaria (CAP) se observaron carteles con consignas como “ATE. 18/6. Paro Nacional”, lo que evidenciaba que la oficina no prestaría servicios ese día. Pese a que posteriormente los trabajadores intentaron relativizar el episodio, afirmando que “la oficina estuvo abierta”, las imágenes demostraron lo contrario, dejando sin sustento sus argumentos.
“Esta intempestiva medida de fuerza, que afectó a los más de 3.700 afiliados de la zona, fue encabezada por el gremio ATE, en repudio a la condena de la ex presidenta”, indicaron desde la conducción de PAMI en un comunicado oficial difundido este viernes.
Desde el organismo justificaron las sanciones alegando que se trata de una política de “transparencia y responsabilidad” impulsada por la actual gestión, que no tolerará el uso político de los recursos públicos ni el abandono de funciones por parte de sus agentes.
El reclamo de los vecinos
El escándalo tomó mayor visibilidad cuando una vecina denunció públicamente que aquel día debió salir con su madre de 89 años a realizar un trámite en la sede del PAMI, y se encontró con las puertas cerradas. “Ni una guardia mínima, ni una persona que nos reciba. Solo un mensaje claro: hoy no hay nadie”, escribió en redes sociales.
En su mensaje, reconoció el derecho a la protesta, pero planteó: “¿Qué pasa cuando ese derecho choca con necesidades vitales? No hablamos de comodidad, hablamos de personas mayores, de familias vulnerables, de vecinos que organizaron su día para resolver gestiones impostergables”.
Según las autoridades, ninguno de los trabajadores presentes atendió al público ni realizó tareas internas durante la jornada, más allá de haber registrado su ingreso.
Repercusiones políticas
La situación generó fuertes repercusiones a nivel político. La diputada nacional por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, expresó su repudio: “Ningún sector político puede hacer uso de las instituciones del Estado como trinchera ideológica. Es un acto de profunda irresponsabilidad y desprecio por el deber que tienen con la comunidad”.
Este viernes, luego de conocerse las sanciones, la legisladora compartió el comunicado del PAMI y aseguró: “Con los jubilados no se juega”.
Y concluyó: “Las oficinas públicas deben ser espacios de servicio, no trincheras partidarias. Celebro que se haya puesto un límite claro al uso militante del Estado”.