El tribunal revisor integrado por los jueces Martín O'Connor y Carlos Richieri resolvió hacer lugar al pedido de la defensa y otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a un hombre de 37 años, identificado por las iniciales R.A.Q., imputado por una serie de delitos cometidos en un contexto de violencia familiar y violencia de género. La medida deberá cumplirse en una vivienda de la localidad de El Maitén.
El acusado enfrenta cargos por tres hechos de amenazas, violación de domicilio y cuatro hechos de desobediencia a una orden judicial. Durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva, el abogado defensor solicitó morigerar la medida de coerción y propuso que su asistido permaneciera bajo arresto domiciliario, argumentando que de ese modo también podía garantizarse el desarrollo del proceso penal.
La funcionaria de Fiscalía, Eugenia Castro, se opuso a la solicitud y recordó que, al momento de la apertura de la investigación, el Ministerio Público había solicitado cuatro meses de prisión preventiva, aunque finalmente solo se habían dispuesto 30 días. Sin embargo, los magistrados resolvieron hacer lugar al planteo de la defensa y reemplazar la prisión preventiva por el arresto domiciliario durante el mismo plazo.
Los hechos investigados
De acuerdo con la investigación, el primer episodio ocurrió el 16 de abril de 2026, cuando el imputado habría llamado telefónicamente a su expareja para proferir amenazas que le generaron temor.
Diez días más tarde, el 26 de abril, se presentó en la vivienda que ambos habían compartido en Cholila. Tras una discusión, presuntamente volvió a amenazar a la mujer, diciéndole que utilizaría todos los medios para quitarle a sus hijos. Luego comenzó a golpear puertas y ventanas mientras intentaba ingresar al domicilio y lanzó insultos con el objetivo de intimidarla.
Ese mismo día, alrededor de las 19, regresó nuevamente a la vivienda, incumpliendo una prohibición de acercamiento y contacto de hasta 100 metros que había sido dictada por el Juzgado de Familia de Lago Puelo.
La investigación también sostiene que el 27 de abril el imputado se presentó en la Escuela Nº 75, donde concurre uno de sus hijos, desobedeciendo nuevamente la orden judicial vigente. Finalmente, el 28 de mayo habría hecho llegar una carta a su expareja a través de un amigo en común, conducta que la Fiscalía considera un nuevo incumplimiento de la medida de restricción impuesta por la Justicia.