El reclamo por justicia tras la muerte de Laura Romano, atropellada el 5 de octubre pasado, escaló hasta el Consejo de la Magistratura de Chubut. La Fundación Estrellas Amarillas y la familia de la joven presentaron un pedido de remoción contra la jueza Silvana Vélez, titular del Juzgado Único Letrado de Lago Puelo, cuestionada por decisiones procesales y por un trato que los allegados consideran “frío y desalmado”.
El conflicto se intensificó luego de que Vélez rechazara suspender de manera preventiva la licencia de conducir de Siomara Antonella Barroso, imputada por homicidio simple con dolo eventual y que conducía con alcohol en sangre al momento del hecho. Para la querella, permitir que la acusada siga manejando “es un riesgo inminente” para la comunidad y un símbolo de la falta de empatía institucional.
El malestar también abarca el vínculo entre la magistrada y los familiares de la víctima. Marcelo Chemin y Claudia Abrea, tíos de Laura, afirmaron que la jueza “les dio la espalda desde el primer momento”, profundizando el dolor de una familia que espera respuestas desde hace meses.
La presidenta de Estrellas Amarillas, Silvia González, sostuvo que la confianza en la funcionaria “está irreversiblemente quebrada” y que su desempeño “no estuvo a la altura del cargo”, generando un nuevo golpe emocional para quienes perdieron a su ser querido en la ruta.
La denuncia trascendió los límites provinciales: representantes de la organización expusieron el caso en el Congreso de la Nación ante la senadora Edith Terenzi, advirtiendo sobre la revictimización que sufren familiares de incidentes viales en el interior de Chubut. Como respuesta, propusieron implementar capacitaciones urgentes y obligatorias en la Ley de Víctimas para personal judicial y fuerzas de seguridad, con el objetivo de que la muerte de Laura se convierta en un precedente que transforme el modo en que el Estado acompaña a quienes atraviesan estas tragedias.