El Gobierno de Javier Milei planea realizar una reforma en el sistema de subsidios energéticos, con el objetivo de recortar el gasto público y desregular el sistema energético. Esta modificación consistirá en excluir a millones de hogares de clase media de los beneficios de los subsidios, orientándolos únicamente a los hogares vulnerables. Según se desprende del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se buscará reemplazar el actual esquema de segmentación por ingresos en tres niveles por una única asistencia destinada a los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Este nuevo sistema impactará en aproximadamente 3 millones de usuarios de clase media en lo que respecta a la energía eléctrica, así como también afectará a parte de los usuarios vulnerables que, por falta de acreditación, quedarán fuera del beneficio. Es importante señalar que este proceso de modificación será gradual y, en principio, no se prevén cambios para lo que resta del año, a menos que sea necesario acelerar el ajuste fiscal.
Actualmente, seis de cada diez hogares reciben subsidios, divididos en tres niveles según sus ingresos. Sin embargo, la premisa oficial es establecer un sistema similar al de la tarifa social implementada durante la gestión de Mauricio Macri, que contemple solo dos categorías: aquellos que recibirán subsidios y aquellos que no.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, será responsable de implementar este nuevo esquema. Según las proyecciones del FMI, se espera que el gasto en subsidios energéticos disminuya del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025, aunque aún no se ha establecido un ritmo específico para este recorte. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se han realizado ajustes por alrededor de USD 3.000 millones, al tiempo que se han incrementado los componentes tarifarios de transporte y distribución. Esto ha permitido mejorar los balances de las distribuidoras y alcanzar niveles de cobrabilidad superiores al 95%.
Es importante destacar que, desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad han aumentado un 264% y las de gas un 622% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los hogares que no reciben subsidios, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet.
La eliminación del actual esquema de subsidios también es fundamental para cumplir con otra meta establecida en el acuerdo con el FMI: avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad para noviembre de 2025, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético. En este sentido, la Secretaría de Energía ha emitido una resolución que permite a las empresas celebrar contratos libremente, sin la intermediación de CAMMESA, la compañía estatal.
El nuevo modelo propuesto busca canalizar los subsidios directamente a los usuarios en sus facturas, lo que facilitaría la celebración de acuerdos entre compradores y vendedores. No obstante, para que esto funcione, será necesario que las tarifas reflejen el costo real del suministro. CAMMESA ya ha resuelto una deuda de USD 1.000 millones con las generadoras mediante la entrega de un bono en dólares (AE38), una operación clave para alcanzar el superávit fiscal proyectado para 2024. También se implementará un plan de pagos para regularizar la deuda de USD 1.300 millones que mantienen las distribuidoras por energía ya entregada y no abonada, con incentivos para aquellas empresas que estén al día.
Además, la Secretaría de Energía se encuentra finalizando el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con transportistas y distribuidoras, que definirá un sendero de inversión, aumentos tarifarios y un esquema de actualización mensual. Se prevé una suba en términos reales, que se aplicaría en tres tramos. Todo esto permitirá avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad y cumplir con los compromisos establecidos en el acuerdo con el FMI.
En resumen, el Gobierno de Javier Milei está trabajando en una reforma del sistema de subsidios energéticos, la cual busca excluir a millones de hogares de clase media de los beneficios y orientarlos exclusivamente a los hogares vulnerables. Este proceso será gradual y se espera que los cambios se implementen a partir del próximo año. Estas modificaciones son parte de un plan más amplio que implica la desregulación del sistema energético y la mejora en la competencia del mercado mayorista de electricidad. Se espera que estas medidas contribuyan al recorte del gasto público y a la recuperación económica del país.