En medio de un intenso debate, el gobierno de Javier Milei tiene en mente llevar a cabo una importante reforma en el sector inmobiliario. Según informa Infobae, la desregulación de esta actividad, liderada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, genera opiniones encontradas entre los participantes del mercado. Si bien aún no se ha anunciado una fecha oficial, se espera que el decreto con las modificaciones se concrete en un plazo de 45 días.
El pilar central de esta iniciativa sería la eliminación de la obligatoriedad de la colegiación para ejercer como intermediarios inmobiliarios. En su lugar, se implementaría un sistema basado en certificaciones específicas, que permitirá trabajar a aquellos que demuestren experiencia y habilidades a través de capacitaciones, sin necesidad de contar con un título universitario.
"La idea es que estas nuevas modalidades convivan con los colegios profesionales tradicionales para que existan diferentes opciones en el mercado", explicaron fuentes oficiales del ministerio a Infobae.
Las posibles modificaciones propuestas incluirán aspectos clave como la eliminación de la matrícula obligatoria y la exigencia de títulos universitarios, lo cual fomentará certificaciones más flexibles. También se transferirá el rol sancionador de los Colegios Profesionales a la Justicia Ordinaria, se eliminarán restricciones geográficas para favorecer la expansión digital del mercado y se suprimirán aranceles mínimos y honorarios fijos, permitiendo que los precios se determinen libremente. Además, se derogarán las sanciones por prácticas sin matrícula.
Si bien algunos actores del sector celebran que esta iniciativa pueda significar menores costos y mayor dinamismo, otros muestran preocupación. El Colegio Inmobiliario de Buenos Aires, por ejemplo, rechaza la medida al advertir posibles riesgos en la seguridad jurídica de las transacciones y la disminución en la calidad del servicio.
Los colegios inmobiliarios funcionan como entidades de control y regulación profesional. Establecen los requisitos para la matriculación y supervisan el ejercicio de la actividad. Si bien no dependen directamente del Estado, tienen la facultad de fiscalizar a los corredores habilitados.
Por otro lado, el financiamiento de estos colegios proviene principalmente del cobro de matrículas y de aportes de sus miembros. A nivel nacional, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios del País (COFECI) agrupa a unos 40.000 corredores matriculados, distribuidos en distintas jurisdicciones.
Tanto el Colegio Inmobiliario de CABA como COFECI rechazan cualquier intento de desregulación en la actividad inmobiliaria. Argumentan que la organización de la misma es competencia exclusiva de las provincias y que el Estado Nacional no tiene facultades para modificar esta estructura. Además, afirman que permitir la actuación de agentes sin formación universitaria generaría mayor informalidad y desprotección para los ciudadanos.
En conclusión, el debate en torno a la regulación del corretaje inmobiliario continúa abierto y las opiniones se encuentran divididas. Mientras el gobierno de Javier Milei planea implementar una reforma profunda en el sector, eliminando la colegiación obligatoria, los colegios inmobiliarios y COFECI defienden la profesionalización y la protección de los consumidores. Habrá que esperar para conocer los resultados de esta iniciativa y cuál será su impacto en el mercado inmobiliario.