Este martes, el Gobierno ha decretado el fin de la emergencia en cuanto a la posesión y propiedad de las tierras ocupadas por comunidades indígenas originarias del país. A través del Decreto 1083/2024, publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Javier Milei y su Gabinete, se anuncia que queda sin efecto la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos para el desalojo de esos territorios.
La nueva normativa deroga el Decreto de Necesidad y Urgencia N°805/21 del 17 de noviembre de 2021, que prorrogó por última vez la Ley 26.160, sancionada y promulgada en noviembre de 2006 y declaraba la emergencia territorial indígena. El Gobierno argumenta que esta prórroga genera "inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores".
En los considerandos del decreto, también se menciona que la prórroga excesiva abre la posibilidad a una "larga serie de acciones que, en connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos indígenas, avasallan los derechos de la ciudadanía y agravan las prerrogativas soberanas del Estado". Según el Gobierno, en el último tiempo la situación se ha agravado debido al incremento de inscripciones de comunidades indígenas en los respectivos registros, muchas de las cuales no cumplen las condiciones para ser reconocidas como comunidades indígenas autóctonas.
El contexto también ha propiciado el crecimiento de las comunidades indígenas, contabilizando en la actualidad un total de 1.626. Sin embargo, los conflictos por tomas y usurpación de tierras han llevado a la amenaza o restricción de los derechos de los ciudadanos legítimos y han bloqueado el desarrollo de inversiones y obras de infraestructura. El Gobierno señala que existen al menos 254 conflictos judicializados en todas las provincias del país.
En este sentido, el Gobierno manifiesta que "no advierte razón que justifique la continuidad de la emergencia" y que su prolongación implicaría la consolidación de la discriminación entre ciudadanos argentinos, además de exaltar el grave daño que esa situación provoca al sistema republicano de gobierno.
La suspensión de desalojos, que ahora queda sin efecto, afectaba no solo el derecho de propiedad, sino también el derecho a la vivienda de los legítimos propietarios que se veían obligados a morar en condiciones precarias tras ser desplazados de sus territorios.
La respuesta del Gobierno es la derogación de toda norma que impida a los legítimos propietarios el ejercicio pleno de su derecho de dominio, uso, usufructo y disposición sobre la tierra. De esta forma, se busca combatir los asentamientos o cualquier forma de turbación de la posesión al amparo de las prórrogas de la emergencia que paralizaron los juicios de desalojo.