El Tribunal Oral Federal 2 decidió otorgar, en el día de hoy, la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, ex presidenta de la Nación, para que cumpla su condena de seis años de prisión en relación al caso “Vialidad”, sentencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la semana pasada. Esto significa que Kirchner no se verá obligada a presentarse en Comodoro Py para iniciar su condena.
La defensa de la ex mandataria solicitó este permiso y el tribunal aceptó su solicitud, permitiéndole cumplir la pena en su vivienda ubicada en la calle San José 1.111, situada en el barrio de Monserrat, pero con el cumplimiento de diversas condiciones. Su hijo, Máximo Kirchner, fue designado como el garante de su prisión domiciliaria.
Entre los requerimientos establecidos, se detalla que Cristina Kirchner deberá portar una tobillera electrónica, como indica la resolución del tribunal: “Ordenar a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico”.
Los jueces argumentaron que la edad de la ex presidenta, que supera los setenta años, influye en la decisión, señalando que su permanencia en prisión en una institución penitenciaria no sólo podría afectar sus derechos fundamentales, sino que la ley permite opciones alternativas.
Así, el Tribunal determinó que Cristina Kirchner, a partir de esta fecha, se encuentra en calidad de detenida bajo prisión domiciliaria, pagando su pena firme de seis años de prisión, además de otras sanciones como la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Para garantizar el cumplimiento de la prisión domiciliaria, el tribunal impuso una serie de reglas de conducta, las cuales Kirchner deberá respetar. Entre ellas, existe la obligación de permanecer en su hogar, salvo situaciones extraordinarias que ameriten una justificación ante el tribunal. También se le prohíbe realizar acciones que puedan alterar la paz del vecindario.
Además, se le exige que, en un plazo de 48 horas hábiles, presente una lista de las personas que pueden visitarla sin autorización judicial, incluyendo familiares, profesionales médicos y su equipo legal. La supervisión de esta medida será llevada a cabo por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que reportará trimestralmente al tribunal sobre el cumplimiento de las reglas impuestas.