El Gobierno nacional, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, endureció las reglas migratorias para habilitar la expulsión de extranjeros que difundan mensajes de odio contra argentinos, una medida que provocó fuertes cuestionamientos desde la oposición y expertos en derecho constitucional.
El abogado constitucionalista Félix Lonigro sostuvo que el mecanismo elegido para implementar esta norma es problemático: “El Presidente para poder meter mano en esta materia necesita que haya circunstancias excepcionales que le impidan enviar un proyecto de ley al Congreso y esperar la sanción de la ley. El Presidente no quiere esperar todo eso y entonces ejerce la facultad legislativa. Eso es inconstitucional por ausencia de circunstancias excepcionales”.
Lonigro explicó que el DNU modifica la Ley de Migraciones incorporando como causal para revocar la residencia o expulsar a un extranjero “manifestaciones de odio hacia el pueblo argentino o hacia un argentino por su condición de tal”, o el “ultraje a los símbolos patrios”. Aunque consideró que el contenido es lógico, advirtió que la aplicación queda en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo del Poder Ejecutivo, cuando debería ser un juez quien evalúe esas situaciones.
La diputada y ex Directora Nacional de Migraciones Florencia Carignano advirtió que si otras naciones aplicaran esta norma, el propio presidente Javier Milei “no podría entrar en varios” países, como Brasil, Chile, México, España, Colombia, China y Venezuela, debido a sus reiterados agravios contra mandatarios extranjeros.
En efecto, en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en San Pablo, Milei calificó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con términos como “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”, lo que generó un conflicto diplomático entre ambos países.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez también criticó el decreto y lo calificó como un “avasallamiento” al Congreso sin las causas constitucionales necesarias. Añadió que con esta norma Milei “no podría volver a ingresar a Brasil o España debido a su ‘discurso de odio’”.
Exfuncionarios opositores manifestaron preocupación por las posibles consecuencias del decreto. Agustín Rossi, exjefe de Gabinete y diputado nacional, alertó que la medida puede vulnerar garantías individuales y derechos humanos, y advirtió que podría abrir la puerta a una “cacería” contra migrantes, similar a políticas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos.
Sabina Frederic, exministra de Seguridad, señaló que el decreto se enmarca en una política de endurecimiento migratorio del actual gobierno y puso en duda la capacidad para distinguir entre discursos de odio y críticas legítimas, alertando sobre la arbitrariedad que puede generar la norma.
Por su parte, Jorge Taiana, exministro de Defensa y diputado nacional, calificó el decreto como una confirmación del “carácter racista, xenófobo y discriminatorio” de las políticas de Milei y su equipo, y anunció que desde el Congreso buscarán frenar esta medida para evitar retrocesos en derechos.
La diputada Jimena López, del Frente Renovador, enfatizó la necesidad de evaluar la constitucionalidad del decreto y criticó la incoherencia de Milei al promover discursos de odio contra la identidad nacional mientras firma esta norma.
Maximiliano Ferraro, diputado y presidente de la Coalición Cívica, definió el decreto como un acto de “patrioterismo desprolijo e inconstitucional”, que modifica la Ley de Migraciones sin el filtro del Congreso y establece causales penales que no están previstas en el ordenamiento jurídico.
Jonathan Thea, referente del Movimiento Evita en la Ciudad de Buenos Aires, consideró que el decreto es una distracción mediática para ocultar otros temas de fondo, y advirtió que el gobierno busca avanzar en una ley que implicaría una entrega histórica de soberanía nacional.
Finalmente, Andrés La Blunda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, afirmó que el decreto utiliza la idea de “discurso de odio” como pretexto para avanzar sobre derechos y concentra más poder en el Ejecutivo, sin combatir realmente la discriminación.
Desde la Casa Rosada, en tanto, se justificó el decreto argumentando que responde a “manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos” y reafirmó que la defensa nacional y de sus símbolos no es negociable, advirtiendo que quienes los ataquen no serán bienvenidos en el país.