La reciente eliminación de retenciones al complejo agroexportador generó ganancias extraordinarias estimadas en 1.500 millones de dólares para las principales cerealeras del país. La magnitud de este monto permite dimensionar el impacto de la medida a partir de una simple comparación con áreas sensibles del gasto público.
El Hospital Garrahan, emblema de la salud pediátrica en Argentina, cuenta con un presupuesto anual que equivale a apenas una fracción de esas ganancias. Del mismo modo, el presupuesto universitario nacional para todas las universidades del país, que ronda los 2.840 millones de dólares al tipo de cambio oficial, pone en evidencia que en un solo movimiento fiscal las cerealeras obtuvieron recursos similares a más de la mitad del financiamiento de todo el sistema universitario argentino.
Mientras miles de familias, estudiantes y pacientes dependen de partidas ajustadas, la concentración de divisas en manos de grandes exportadores abre el debate sobre las prioridades en la asignación de recursos y el contraste entre beneficios privados y necesidades sociales urgentes.
El Decreto 682/2025, publicado el 22 de septiembre, estableció la eliminación temporal de las retenciones a granos y sus derivados hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar un límite de USD 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). Esta medida, impulsada por el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo, buscaba acelerar la entrada de divisas frescas al país.
Sin embargo, en apenas 48 horas, las principales empresas exportadoras de granos agotaron el cupo establecido, obteniendo un beneficio extraordinario estimado en 1.500 millones de dólares. Este resultado inesperado implicó un costo fiscal elevado para el Estado.
Las grandes cerealeras aprovecharon la ventana para declarar exportaciones de granos que ya tenían en stock, adquiridos previamente a productores con las retenciones correspondientes descontadas. De esta forma, lograron vender al exterior sin pagar derechos de exportación, quedándose con la diferencia íntegra, mientras que ni el Estado ni los productores percibieron ingresos adicionales.
Entre las principales beneficiarias se encuentran multinacionales de gran peso en el comercio global, como Bunge, que lideró con volúmenes que duplicaron a sus competidores; Louis Dreyfus Company (LDC), la histórica firma francesa; y la china COFCO, con posiciones estratégicas en soja y maíz.
También participaron Cargill, propiedad mayoritaria de la familia Cargill-MacMillan; ADM (Archer Daniels Midland), otra multinacional estadounidense; la argentina Aceitera General Deheza (AGD), de la familia Urquía; y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). En conjunto, estas empresas concentran más del 70% del comercio agroexportador del país.