El Poder Ejecutivo envió este miércoles al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario, aprobada en Diputados a principios de agosto con 158 votos a favor, aunque sin alcanzar los dos tercios necesarios para sortear un veto presidencial.
La oposición está evaluando convocar a una sesión especial el próximo miércoles para debatir la posibilidad de rechazar el veto. Según fuentes parlamentarias, los sectores más duros del bloque opositor consideran que llevar el tema al recinto cuanto antes podría aprovechar la coyuntura de debilidad del Gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y tensiones con gobernadores.
En la misma sesión donde se aprobó la ley vetada, también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría, por la crisis del Hospital Garrahan, y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también serán vetados por la Casa Rosada, aunque esos vetos aún no fueron remitidos al Congreso y vencen el jueves.
La ley originalmente impulsada por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre junto con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), establece que los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas para investigación se actualicen automáticamente según la inflación. Además, ordena convocar paritarias en tres meses para recomponer los salarios docentes y no docentes y aumentar las becas.
Desde el Gobierno, se rechazó la iniciativa por considerar que su costo fiscal es demasiado elevado y podría poner en peligro el superávit fiscal, piedra angular del plan económico vigente. En el veto, publicado en el Boletín Oficial, se argumenta que el proyecto incumple el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe detallar claramente las fuentes de financiamiento.
El Ejecutivo señaló que las fuentes propuestas para financiar el gasto, como mayores ingresos recaudados y reasignación de partidas, son "genéricas", no están vinculadas directamente con los nuevos gastos y no garantizan la suficiencia ni disponibilidad de recursos.
Además, advirtió que la implementación de la ley generaría un aumento significativo y no cubierto del gasto público, con un costo estimado para 2025 de más de un billón de pesos, lo que pondría en riesgo la estabilidad financiera y la sostenibilidad macroeconómica.
Según la Casa Rosada, este gasto "sin respaldo real" sólo podría financiarse mediante emisión monetaria, lo que incrementaría la inflación y afectaría especialmente a los sectores más vulnerables.
Es la segunda vez que el presidente Milei veta una ley que busca aumentar el financiamiento universitario. El año pasado, logró reunir un tercio de los votos en Diputados para respaldar su decisión, con apoyo de algunos gobernadores y radicales que hoy forman parte del interbloque oficialista.
Este jueves por la mañana, los secretarios parlamentarios de los bloques opositores mantendrán una reunión clave para definir los pasos a seguir. También están pendientes los vetos a la declaración de emergencia de Bahía Blanca y a la Moratoria Previsional.