Al ex intendente barilochense se le atribuye haber dispuesto en el año 2016 de manera irregular de fondos públicos provenientes del Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno”, destinados a la edificación de 871 viviendas en distintos barrios de la ciudad.
Durante los alegatos de apertura, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que “el ex intendente ha consumado uno de los delitos que el Código Penal establece entre aquellas conductas que atentan contra la correcta administración de la cosa pública”.
Indicó el fiscal jefe además que “éste se valió de las prerrogativas propias de su cargo para defraudar la confianza pública y administrar el patrimonio municipal de modo arbitrario, discrecional y en contradicción con la ley penal del Estado argentino”.
De acuerdo con la teoría del caso sostenida por la Fiscalía; el ex intendente autorizó dos operaciones bancarias mediante las cuales apartó del control municipal y del destino específico previsto un total de 105 millones de pesos, provenientes de los convenios denominados ACU 2274/2013 y ACU 624/2015. Los fondos nacionales -depositados en la cuenta oficial del municipio en el Banco de la Nación Argentina- se utilizaron para la constitución de plazos fijos y no habrían sido restituidos al Estado Nacional ni rendidos conforme las normas aplicables.
Ese dinero habría sido transferido a una cuenta del Banco Credicoop y utilizado para la constitución de plazos fijos como se mencionó antes, “poniendo los bienes por fuera de la esfera de custodia bajo la cual habían sido colocados por la ley y los convenios celebrados con Nación”.
Los fiscales afirmaron que esas operaciones se realizaron en enero y octubre de 2016, durante el primer mandato del acusado, y que los fondos no fueron utilizados para el pago a las empresas constructoras ni restituidos al Estado Nacional, tal como lo exigían los acuerdos vigentes. En ese sentido, sostuvieron que “el acusado quebrantó la esfera de administración y custodia sobre esos caudales, vulnerando el regular desenvolvimiento de la actividad patrimonial de la administración pública municipal y la confianza pública que en él se había depositado”.
Por su parte, el defensor particular de Gennuso, manifestó en su alegato de apertura que la tesis de la defensa se circunscribe estrictamente a los hechos imputados, y no abordará cuestiones vinculadas al uso o restitución de fondos, ni a litigios contencioso-administrativos en trámite, “porque estas cuestiones no están imputadas en las presentes actuaciones”.
Finalmente, sostuvo que el Ministerio Público Fiscal “se verá impedido a lo largo de este juicio de incorporar prueba que permita acreditar con el grado de certeza necesario que las operaciones descritas hayan obstaculizado el normal desenvolvimiento de la administración o del control municipal”.
Declararon en la jornada de hoy tres testigos vía zoom, todos ellos funcionarios nacionales. El primero un abogado que se desempeñó como Subsecretario del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, la abogada denunciante e instructora sumariante del Ministerio del Interior y otra abogada de planta permanente del Ministerio de Economía.
El juicio se desarrolla ante un tribunal colegiado y continuará mañana a las 9:00 horas con la recepción de prueba testimonial ofrecida por las partes. Las jornadas se extenderán hasta el día viernes.