Un grupo de conductores de Uber en Puerto Madryn presentó esta semana medidas cautelares ante los juzgados laborales y civiles con el objetivo de preservar su derecho a trabajar. La acción legal se fundamenta en la reciente Ley de Modernización Laboral (27.802), aprobada en 2026, que regula los servicios privados de movilidad que utilizan plataformas tecnológicas.
Los demandantes objetan la ordenanza municipal 10481, vigente desde 2018, que prohíbe el ofrecimiento de transporte mediante aplicaciones digitales o redes sociales en la ciudad. Por medio de sus abogados, solicitaron la habilitación de la feria judicial y presentaron cuatro recursos de amparo, dos en el fuero Civil y Comercial y dos en el Laboral, los cuales fueron derivados al fuero Contencioso Administrativo.
La medida cautelar busca que la justicia suspenda la ordenanza y garantice que los conductores puedan circular sin temor a persecuciones o al secuestro de sus vehículos. En sus argumentos, sostienen que el trabajo mediante plataformas digitales es una realidad consolidada en Argentina, especialmente en las provincias, y constituye una alternativa frente a la difícil situación económica y las limitaciones del sistema de transporte local.
Previo a acudir a la justicia, los conductores mantuvieron varias reuniones con el Concejo Deliberante de Puerto Madryn con el fin de modificar la ordenanza y promover la regulación de plataformas como Uber y DiDi. También intentaron dialogar con el Poder Ejecutivo municipal, pero no obtuvieron respuestas favorables, lo que los impulsó a recurrir a la vía judicial.
Esta presentación marca un nuevo capítulo en el debate sobre la movilidad urbana y el uso de tecnologías digitales para el transporte en la ciudad, mientras los conductores buscan garantizar su fuente de ingresos y un marco legal que los ampare.