La confianza en las instituciones no se construye únicamente con discursos. Se fortalece cuando existen mecanismos efectivos que permitan a la ciudadanía controlar el accionar de sus funcionarios.
Uno de esos instrumentos son las declaraciones juradas patrimoniales. Su finalidad es sencilla: permitir conocer la evolución del patrimonio de quienes ejercen cargos públicos, detectar posibles conflictos de intereses y desalentar el enriquecimiento ilícito.Sin embargo, en Chubut el sistema vigente genera cada vez más cuestionamientos. El régimen previsto en el Código de Ética Pública establece que las declaraciones patrimoniales se presentan en sobre cerrado, lo que en la práctica dificulta enormemente el acceso a esa información.
Aunque existen mecanismos excepcionales para solicitar su apertura, el procedimiento resulta complejo, limitado y muy alejado del principio de publicidad que hoy predomina en materia de transparencia gubernamental.
La consecuencia es evidente: la ciudadanía prácticamente no puede conocer cómo evolucionan los bienes de ministros, secretarios, legisladores, jueces, fiscales y demás altos funcionarios mientras ejercen funciones públicas.
En un contexto donde frecuentemente aparecen dudas sobre inversiones inmobiliarias, participación de familiares en negocios vinculados al Estado, sociedades comerciales y posibles conflictos de intereses, el secreto solo contribuye a incrementar la desconfianza.
La transparencia no debería depender de denuncias judiciales ni de trámites extraordinarios. Debería ser la regla.
En numerosas jurisdicciones del país las declaraciones juradas son de acceso público —al menos en sus aspectos patrimoniales esenciales, preservando los datos sensibles por razones de seguridad— permitiendo que cualquier ciudadano, periodista o institución pueda ejercer un control social efectivo.
Ese modelo fortalece la credibilidad de quienes cumplen correctamente con sus obligaciones y protege también a los funcionarios honestos frente a sospechas infundadas.
En cambio, mantener la información prácticamente inaccesible termina perjudicando a todo el sistema institucional. Allí donde falta información aparecen inevitablemente las especulaciones. La sociedad chubutense ha demostrado en reiteradas oportunidades que reclama reglas claras, igualdad ante la ley y mayores estándares de transparencia.Abrir las declaraciones patrimoniales al escrutinio público no debería verse como una amenaza para los funcionarios, sino como una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana y demostrar que el ejercicio de la función pública puede desarrollarse con absoluta claridad.
Si el patrimonio de quienes administran recursos de todos permanece prácticamente oculto detrás de un sobre cerrado, difícilmente pueda hablarse de un verdadero gobierno abierto.
Quizás haya llegado el momento de actualizar la legislación provincial y adecuarla a los estándares modernos de transparencia, donde la publicidad de la información sea la regla y el secreto, la excepción.