Un análisis realizado por Edgardo Hughes, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut, generó nuevas dudas sobre la reforma judicial que impulsa el oficialismo provincial. El documento se centra en el proyecto de ley N° 061/26, que propone la creación de una Cámara de Apelaciones en lo Laboral con sede en Trelew y competencia en toda la provincia.
El proyecto, presentado en mayo, contempla que jueces de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil puedan solicitar su traslado definitivo a esta nueva Cámara, facultando al STJ a resolver dichos pedidos y a reorganizar el funcionamiento judicial. Sin embargo, esta modalidad fue puesta en cuestión por Hughes, quien sostiene que podría contravenir el artículo 166 de la Constitución del Chubut.
Según el informe jurídico del ex magistrado, el artículo 166 establece que la designación de jueces debe realizarse mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, organizados por el Consejo de la Magistratura y con el acuerdo de la Legislatura. En ese sentido, permitir un traslado definitivo sin cumplir este procedimiento implicaría una vía alterna para acceder a cargos judiciales, lo que podría derivar en futuros reclamos de inconstitucionalidad y afectar el principio del juez natural.
Hughes también distingue esta situación de los traslados contemplados en el artículo 172 de la Constitución provincial, que sólo autoriza traslados transitorios y por razones específicas de interés público, sin que puedan convertirse en designaciones permanentes en otro tribunal.
Para fundamentar su posición, el ex presidente del STJ cita precedentes provinciales y nacionales, entre ellos el dictamen de la Fiscalía de Estado del Chubut emitido en 2024 sobre un traslado judicial cuestionado, y el fallo "Bertuzzi" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que los traslados no pueden reemplazar los mecanismos constitucionales de nombramiento.
Más allá de la cuestión jurídica, Hughes aporta una reflexión institucional sobre la organización del Poder Judicial, señalando que concentrar un nuevo órgano de alcance provincial en Trelew debería evaluarse también desde la perspectiva del equilibrio territorial, para evitar una excesiva centralización en una sola circunscripción judicial.
El informe aclara que las observaciones no cuestionan la creación de una Cámara especializada en materia laboral, sino que destacan la importancia de que la cobertura de sus cargos se realice mediante concursos públicos y con el acuerdo legislativo correspondiente, respetando las garantías constitucionales.