¿Hay "Adornis" en Chubut? La pregunta comenzó a repetirse cada vez con más frecuencia en distintos ámbitos de la provincia. No necesariamente por la existencia de delitos comprobados, sino por una realidad que genera crecientes interrogantes: la presencia de familiares de funcionarios ocupando cargos, prestando servicios al Estado o desarrollando actividades económicas vinculadas a sectores que reciben beneficios, subsidios o contrataciones públicas.
La discusión no pasa solamente por la legalidad. En muchos casos, las situaciones pueden encuadrarse dentro de lo permitido por la normativa vigente. Sin embargo, la verdadera cuestión es otra: ¿alcanza con que algo sea legal cuando existen dudas sobre su conveniencia ética o sobre posibles conflictos de intereses?
En Chubut abundan los comentarios sobre familiares de funcionarios que se desempeñan como asesores, prestadores de servicios, titulares de comercios o proveedores del Estado. También se mencionan casos de integrantes del gabinete cuyos familiares participan en empresas constructoras o desarrollan actividades vinculadas a áreas sobre las cuales el propio Estado tiene capacidad de decisión.
La situación adquiere especial relevancia en la Cordillera, donde desde hace tiempo circulan versiones y sospechas sobre supuestos negocios privados vinculados al entorno del ministro de Turismo, Diego Lapenna. Más allá de la veracidad o no de esos comentarios, el problema de fondo es que la falta de información pública alimenta permanentemente las especulaciones.
A ello se suma otro dato que genera cuestionamientos. Muchos de los emprendimientos o actividades privadas que suelen ser mencionados por vecinos y actores del sector turístico terminan siendo potenciales beneficiarios de programas de promoción, exenciones fiscales, créditos o incentivos impulsados desde distintos organismos del Estado provincial.
En ese contexto, la herramienta fundamental para despejar cualquier duda debería ser la transparencia. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario.
La Ley de Ética Pública de Chubut obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas patrimoniales. El problema es que, en la práctica, esos documentos permanecen resguardados en sobres cerrados y su acceso resulta extremadamente complejo para ciudadanos, periodistas e incluso para quienes buscan ejercer un control público sobre la gestión.
La consecuencia es previsible: donde falta información aparecen las sospechas.
Por eso, más que discutir nombres propios, el debate debería centrarse en modernizar los mecanismos de transparencia del Estado provincial. En tiempos donde numerosas jurisdicciones avanzan hacia sistemas digitales de acceso público, Chubut continúa sosteniendo un esquema que dificulta conocer el patrimonio, las participaciones societarias y los posibles vínculos económicos de quienes toman decisiones públicas.
La mejor manera de combatir las sospechas no es el secreto, sino la publicidad de los actos de gobierno.
Si las declaraciones juradas no tienen nada que ocultar, no deberían permanecer guardadas bajo llave. Publicarlas íntegramente permitiría despejar dudas, fortalecer la confianza ciudadana y proteger tanto a la sociedad como a los propios funcionarios de rumores, operaciones y sospechas permanentes.
La transparencia no debería ser una concesión política. Debería ser una obligación básica de cualquier gobierno que pretenda recuperar la confianza de la ciudadanía.