La disminución del impuesto provincial sobre la energía eléctrica y el gas ya impacta en el bolsillo de los rionegrinos. La decisión, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, permitió que durante enero y febrero quedaran en manos de familias, comercios, pymes, industrias y productores $930 millones que antes se destinaban al pago de tributos. La medida forma parte de una estrategia para ordenar las cuentas públicas, fortalecer la actividad económica y mejorar las condiciones de desarrollo en la provincia.
El beneficio alcanza a todos los sectores. Al tratarse de un impuesto vinculado al consumo y trasladado directamente al usuario final, la baja se refleja en las facturas de hogares, comercios, pymes, industrias y entidades sin fines de lucro en todo el territorio rionegrino. Desde el 1 de enero de 2026, la alícuota de Ingresos Brutos aplicada a estos servicios se redujo del 2,5% al 1%.
Los números muestran el impacto: en los dos primeros meses del año, las empresas pagaron $619 millones en Ingresos Brutos con la nueva alícuota. Si la tasa anterior se hubiera mantenido, deberían haber abonado $1.549 millones. Esa diferencia —más de $900 millones— es precisamente lo que antes terminaba reflejado en cada factura.
La medida se enmarca en una política sostenida del Gobierno provincial para reducir la presión impositiva en sectores estratégicos, mejorar la competitividad y acompañar el crecimiento de la economía real. Así, Río Negro apuesta a un modelo económico basado en el orden, la previsibilidad y decisiones concretas que impactan directamente en la vida cotidiana de la población y en el desarrollo productivo local.