Mientras en gran parte del mundo democrático se discuten mecanismos para fortalecer la transparencia, la alternancia y la renovación de dirigentes, en Chubut la Legislatura decidió avanzar en sentido contrario: aprobó la modificación de la Ley Orgánica de Municipios para volver a permitir las reelecciones indefinidas de intendentes y jefes comunales de aquellas localidades que no cuentan con Carta Orgánica propia.
La decisión significa, en los hechos, que varios jefes comunales e intendentes que ya acumulan largos años en el poder podrán volver a ser candidatos en 2027, prolongando administraciones que, en algunos casos, llevan más de una década al frente de sus municipios.
Entre quienes aparecen alcanzados por la reforma se encuentran Jorge Seitune (Tecka), Miguel Gómez (Gobernador Costa) y Silvio Boudargham (Cholila), además de otros mandatarios municipales comprendidos por la Ley Orgánica de Municipios. La modificación despeja el principal obstáculo legal que les impedía buscar un nuevo mandato.
El argumento de quienes impulsaron la reforma es conocido: sostienen que debe ser el pueblo quien decida en las urnas quién gobierna y que limitar candidaturas restringe la voluntad popular.
Pero del otro lado aparece una pregunta mucho más profunda: ¿puede hablarse de verdadera libertad de elección cuando una misma estructura política controla durante años la administración municipal, el presupuesto, buena parte del empleo público y una red de poder que dificulta la competencia en igualdad de condiciones?
La alternancia no es un capricho jurídico. Es uno de los pilares de cualquier sistema republicano porque evita la concentración prolongada del poder, promueve la aparición de nuevos liderazgos y reduce el riesgo de que el Estado termine confundido con un proyecto político o incluso con una persona.
En muchas pequeñas localidades de Chubut, donde el municipio constituye el principal empleador y administrador de recursos públicos, la permanencia indefinida de un mismo dirigente puede generar relaciones de dependencia política cada vez más difíciles de romper. Por eso numerosos especialistas consideran que los límites a las reelecciones no buscan impedir que un dirigente gobierne, sino garantizar que ningún cargo termine convirtiéndose en una posición prácticamente permanente.
La reforma aprobada por la Legislatura envía además un mensaje político que no pasó desapercibido: mientras la sociedad reclama mayor transparencia, renovación y apertura de la dirigencia, una parte importante de la clase política parece priorizar la posibilidad de extender su permanencia en los cargos.
La contradicción resulta evidente. En campaña abundan los discursos sobre modernización institucional, nuevas generaciones y cambio político. Sin embargo, cuando llega el momento de discutir reglas que favorezcan la renovación, la respuesta suele ser ampliar las posibilidades de permanecer en el poder.
La democracia no se debilita únicamente cuando no hay elecciones. También puede deteriorarse cuando quienes ocupan los cargos públicos construyen condiciones que les permiten perpetuarse durante décadas aprovechando las ventajas propias del ejercicio del poder.
La aprobación de esta reforma probablemente sea celebrada por varios intendentes y jefes comunales. Difícilmente genere el mismo entusiasmo entre quienes consideran que la renovación política no es una amenaza para la democracia, sino una condición indispensable para mantenerla viva.