Mientras el Gobierno nacional anuncia con énfasis la compra de aviones F-16 y helicópteros de última generación para el Ejército, el fuego avanza sin tregua en la Patagonia y deja al desnudo una contradicción difícil de justificar: la inversión en defensa crece, pero la destinada a combatir incendios forestales sigue siendo mínima y claramente insuficiente.
La adquisición de cazas supersónicos —con costos millonarios de compra, mantenimiento y operación— fue presentada como un salto cualitativo en materia de defensa nacional. A eso se suma la incorporación de helicópteros avanzados, pensados para despliegues militares y logística estratégica. Sin embargo, cuando el país enfrenta una emergencia ambiental recurrente y cada vez más destructiva, la flota aérea para el combate del fuego continúa siendo escasa, envejecida y, en muchos casos, alquilada de manera tardía.
A esta falta de recursos se suma un problema estructural que se repite año tras año: tanto el Gobierno nacional como las provincias solo ponen el foco en los servicios de Manejo del Fuego cuando el verano ya está encima y los incendios son noticia. No existe un plan integral y sostenido en el tiempo que contemple prevención, inversión permanente, formación de brigadistas, infraestructura y renovación de flota aérea. La política pública aparece de manera reactiva, empujada por la emergencia y la presión social, pero desaparece cuando bajan las temperaturas, dejando al territorio igual o más vulnerable que antes frente a la próxima temporada de fuego.
En Chubut, la situación es crítica. Comunidades enteras viven en vilo mientras las llamas se acercan a viviendas, chacras y reservas naturales de valor incalculable. Falta presencia aérea permanente, faltan aviones hidrantes suficientes, faltan helicópteros equipados para descargas de agua y traslado de brigadistas, y falta personal capacitado trabajando en condiciones seguras y dignas. La respuesta estatal llega tarde, fragmentada y, muchas veces, cuando el daño ya es irreversible.
La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve fortalecer la capacidad militar si no se protege a la población frente a amenazas reales y cotidianas? El fuego no es una hipótesis de conflicto: es una realidad concreta que arrasa bosques, economías regionales y hogares. Cada verano lo demuestra con crudeza.
Invertir en prevención, en brigadas profesionales, en tecnología de detección temprana y en una flota aérea robusta para incendios no es un gasto, es una obligación. Porque mientras los aviones de guerra esperan en hangares, hay pueblos enteros mirando el horizonte con miedo, esperando que el viento no cambie y que el Estado, alguna vez, llegue a tiempo.