El fallo, emitido este martes, argumenta que se omitió dar intervención en la causa a la provincia de Río Negro, lo cual era necesario para que pudiera ejercer su derecho de defensa.
En 2012, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció la propiedad comunitaria del predio ubicado en la ladera oeste del cerro Otto, basándose en un relevamiento técnico, jurídico y catastral. Sin embargo, la Corte Suprema anuló esta decisión al considerar que la provincia de Río Negro debía ser parte del proceso judicial, conforme al artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional. Este artículo establece que la Nación y las provincias tienen competencias concurrentes en la adjudicación de tierras a comunidades aborígenes.
El fallo original de primera instancia había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional transferir las tierras en disputa a la comunidad mapuche dentro de un plazo de 60 días, tras la firmeza de la resolución. No obstante, el Ejército Argentino apeló esta decisión, y la Cámara Federal de General Roca rechazó la apelación por extemporánea.
Los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, resolvieron que "se omitió dar intervención a la Provincia de Río Negro, cuya citación resultaba necesaria para que pudiera ejercitar su derecho de defensa en juicio y se dictara una sentencia que le fuera oponible y, por lo tanto, resultara útil”.
La Corte Suprema también destacó que el INAI había excluido deliberadamente a la provincia de Río Negro del proceso, a petición de la comunidad mapuche, sin luego permitirle intervenir judicialmente para defender sus derechos.