La investigación judicial por presuntos sobreprecios en reparaciones de escuelas de la Comarca Andina sumó nuevos cuestionamientos antes de llegar a la instancia de juicio oral y público. La jueza de garantías Karina Breckle se tomó el plazo legal para resolver los planteos formulados por cuatro defensores contra la acusación presentada por el fiscal general Omar Rodríguez.
Los abogados Gladys Olavarría, Miguel Moyano, Romano Cominetti y Nelly García realizaron observaciones formales sobre la acusación, la descripción de los hechos y los roles atribuidos a los imputados. Entre sus planteos solicitaron la nulidad de la pieza acusatoria y argumentaron que se estaría vulnerando el “legítimo derecho de defensa”.
El fiscal general Rodríguez rechazó esos cuestionamientos y sostuvo que la estrategia de las defensas busca “enmascarar” delitos penales bajo la figura de errores administrativos.
“Los delitos de corrupción se entremezclan con normas administrativas con el objetivo de enmascarar delitos penales”, afirmó. También señaló que los imputados mantenían relaciones con funcionarios de distintos niveles del Estado y sostuvo que “en esta provincia se direccionaban las obras públicas por las relaciones y los vínculos, por razones de amistad o militancia”.
Una investigación centrada en escuelas cordilleranas
La causa comprende contrataciones directas para reparar 16 escuelas de la Comarca Andina, gestionadas desde los ministerios de Infraestructura y de Educación. Entre los establecimientos alcanzados se encuentran escuelas de El Maitén, Cushamen, El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, Ñorquinco y Cholila.
Según la acusación fiscal, los proveedores Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León confeccionaban los presupuestos oficiales y las memorias descriptivas de los trabajos. A su vez, responsables de las distintas áreas invitaban a otros oferentes que, de acuerdo con la investigación, sabían de antemano que no se presentarían.
De esa manera, Cottet o Ponce de León habrían quedado como únicos postulantes en las distintas compulsas de precios. La fiscalía incorporó además mensajes de WhatsApp secuestrados de los teléfonos de los imputados, en los que se expondrían acuerdos previos sobre qué establecimiento correspondía a cada proveedor, además de modificaciones de fechas y formatos destinadas a dar apariencia de legalidad a los expedientes.
El antecedente de la Escuela 93 de El Maitén
Entre las obras investigadas se encuentra la Escuela N° 93 de El Maitén, establecimiento donde en 2022 se produjo una intoxicación con monóxido de carbono que afectó a alumnos y personal docente.
Ese episodio había motivado una denuncia penal presentada por el entonces gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y posteriormente quedó vinculado a la investigación sobre las contrataciones para reparaciones en establecimientos educativos de la cordillera.
Los imputados son Edgardo Campos, Mónica Martínez Carpio, Maximiliano García, Leonardo Chacón, Claudio Márquez, Gustavo Barauna y Rocío Silva Preciado, quienes se desempeñaban como funcionarios públicos al momento de los hechos, además de los contratistas Cottet y Ponce de León.
La fiscalía calificó las conductas investigadas como defraudación por administración fraudulenta, en la modalidad de delito continuado, en concurso ideal con negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La pretensión punitiva solicitada oscila entre dos y tres años y seis meses de prisión efectiva, según el rol atribuido a cada acusado. Para quienes ocupaban cargos estatales también se pidió inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas.
Mientras la jueza Breckle analiza los planteos de las defensas, el expediente continúa su trámite con miras a la etapa de juicio oral y público, que estará a cargo de un tribunal mixto.