El fiscal Nicolás Vasiliev y la funcionaria de Fiscalía Eugenia Castro solicitaron la formalización de la investigación contra Mauro Ariel Palma Larreburu, ex Jefe de la Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos de Chubut, por el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
El acusado fue detenido por orden judicial e intentó recuperar su libertad alegando inmunidad de arresto por fueros sindicales, un planteo que fue rechazado por la Fiscalía y denegado por la jueza Silvana Vélez.
El fiscal Vasiliev solicitó prisión preventiva por tres meses, argumentando riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. La defensa se opuso, pero la jueza resolvió finalmente dictar la prisión preventiva por 15 días, plazo que podría extenderse según el avance de la causa.
Los hechos investigados
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, entre 2015 y 2024, Palma Larreburu habría utilizado su cargo público para llevar adelante contrataciones irregulares y lucrativas en el ámbito del servicio de energía eléctrica, un área bajo su responsabilidad estatal.
La investigación reveló su presunta vinculación contractual con la empresa "Transacue SA", de la cual la Provincia de Chubut es accionista, y con "Ingenio", compañía en la que el acusado ejercía representación comercial. Dichas contrataciones estaban relacionadas con la operación y mantenimiento de la Estación Transformadora El Coihue y con el mantenimiento preventivo y atención de contingencias de la Línea 132 Kv Esquel Coihue.
Además, se detectó que el exfuncionario habría utilizado materiales y bienes del Estado para fines privados, favoreciendo intereses personales o de terceros. También se le atribuye participación en la empresa "Net42 SA", junto con otras compañías dedicadas a tendidos eléctricos y telecomunicaciones, que habrían realizado instalaciones sin autorización estatal.
Prisión preventiva y argumentos de la jueza
El fiscal Vasiliev argumentó que Palma Larreburu abusó de su cargo para beneficiarse económicamente y que su accionar perjudicó al Estado por más de una década. Además, mencionó que, en libertad, el acusado podría alterar pruebas o influir en testigos.
La jueza Vélez consideró que existen elementos suficientes para acreditar la probabilidad de autoría, así como riesgo de entorpecimiento de la investigación. También destacó la gravedad del perjuicio al Estado y el hecho de que el imputado pactó contrataciones con el propio gobierno mientras ocupaba un cargo público.
Con estos fundamentos, dispuso la prisión preventiva por 15 días, con posibilidad de extensión en caso de ser necesario.
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