El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, es objeto de una investigación periodística que revela un presunto ocultamiento de tres inmuebles en Estados Unidos a través de sociedades offshore. Según esta investigación llevada a cabo por Hugo Alconada Mon para el diario 'La Nación', con el respaldo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se estima que el valor de estos bienes supera los U$S2 millones, y nunca fueron declarados en las correspondientes declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
De acuerdo con la información recabada, Vázquez habría adquirido estas propiedades en Miami a través de una compleja red de empresas constituidas en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. Cabe destacar que, a pesar de ocupar el cargo de responsable de la lucha contra la evasión fiscal en el gobierno de Javier Milei, tanto las propiedades como las sociedades offshore no habrían sido informadas, lo que podría constituir un delito de 'omisión maliciosa' de acuerdo con la Ley de Ética Pública.
Es importante remarcar que este no es el primer inconveniente judicial al que se enfrenta Vázquez en relación con cuentas no declaradas en el extranjero. En el pasado, el funcionario tuvo problemas legales relacionados con cuentas en Curazao y Luxemburgo, aunque fue sobreseído en 2022 por el juez Ariel Lijo debido a la falta de pruebas que confirmen la existencia de dichas cuentas.
Lamentablemente, en sus últimas declaraciones juradas del año 2023, Vázquez omitió mencionar tanto las propiedades en Estados Unidos como las sociedades offshore que las controlan. Esta omisión genera sospechas sobre el origen de los bienes y plantea interrogantes sobre la veracidad de su patrimonio.
La investigación periodística también revela que, a pesar de los antecedentes conflictivos de Vázquez y su estrecha vinculación con el sistema fiscal argentino, su patrimonio internacional permanece oculto en sus informes oficiales. Esta falta de transparencia resulta preocupante y socava la confianza en la idoneidad y la honestidad de un funcionario de su nivel.
La situación actual plantea dudas sobre el cumplimiento de la ley por parte de Vázquez y la necesidad de una mayor rigurosidad en el control y la supervisión de los funcionarios públicos para evitar casos de corrupción y evasión fiscal. Es fundamental que se realicen las investigaciones correspondientes y se tomen las medidas necesarias para esclarecer esta situación y salvaguardar la integridad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía.