En un comunicado formal, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) expresa su apoyo al compromiso del Gobierno Nacional para la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Esta medida busca evitar la pesca indiscriminada de barcos extranjeros en la millas 200 del Mar Argentino, una zona que ha sufrido una intensa presión pesquera sin ningún tipo de control.
La Canciller argentina, Diana Mondino, firmó recientemente en Nueva York el acuerdo clave que permitirá establecer sectores de protección marítima en el Mar Argentino. Con esta adhesión, Argentina se suma a los 90 países que ya ratificaron este convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, conocido como BBNJ.
La creación de estas áreas de protección marina busca asegurar una distribución justa y equitativa de los beneficios de los recursos genéticos marinos, así como promover la evaluación de impacto ambiental y la transferencia de tecnología. Además, se implementarán herramientas de gestión para garantizar una extracción responsable de los recursos marinos y evitar la sobreexplotación del ecosistema.
El presidente de la FULASP, Raúl Cereseto, destaca la importancia de este paso para proteger los recursos marinos y frenar la depredación ejercida por cientos de barcos extranjeros en el Mar Argentino. Según un informe de la fundación, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) produce pérdidas millonarias a las naciones en desarrollo, y Argentina se encuentra en el tercer puesto entre los países más perjudicados a nivel mundial.
Según el estudio, las pérdidas económicas generadas por la pesca INDNR se estiman en hasta USD 50 mil millones a nivel global. Argentina pierde anualmente alrededor de 3500 millones de dólares debido a esta práctica ilícita, siendo el país más afectado de Latinoamérica. Además, el informe revela que la mayoría de los buques involucrados en la pesca ilegal tienen bandera asiática, especialmente de origen chino.
La flota pesquera china, que cuenta con cerca de 3.000 barcos, ha ejercido una presión sin precedentes en el Atlántico Sur, poniendo en peligro la biodiversidad marina y representando una competencia desleal para la industria pesquera nacional. A diferencia de los trabajadores extranjeros, que reciben salarios muy bajos, los costos operativos para los barcos argentinos son significativamente más altos.
La firma de este acuerdo con las Naciones Unidas representa un avance sin precedentes para Argentina, ya que hasta el momento no existía regulación ni control en altamar. Además de proteger las poblaciones en riesgo y garantizar la diversidad de vida marina, este acuerdo también contribuirá a la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los recursos pesqueros.
Sin embargo, para que este acuerdo entre en vigor, es necesario que sea ratificado por ambas cámaras del Congreso y por otros 59 países. Hasta el momento, solo siete países han ratificado el acuerdo. La FULASP se compromete a trabajar tanto a nivel nacional como internacional para acelerar este proceso.
En un próximo avistaje que la organización tiene previsto realizar en el área limítrofe de la milla 200, se buscará obtener material fílmico y fotográfico como respaldo para la urgente reglamentación del acuerdo. Una vez que entre en vigencia, se establecerá un órgano regulador y los países deberán respetar las decisiones tomadas en el marco de este convenio.
Raúl Cereseto considera que este compromiso es un paso sin precedentes que complementa a la Ley del Mar, ya que garantiza la conservación de los recursos pesqueros y representa un hito histórico en la regulación de los océanos. Aunque aún queda mucho por hacer, esta iniciativa demuestra el compromiso de Argentina con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de la industria pesquera.