En una sorprendente vuelta de tuerca en las políticas de inclusión, el gobierno nacional propuso un proyecto de ley con la intención de eliminar la opción del DNI no binario. Esta decisión desató un fuerte debate en la sociedad, ya que muchos consideran que esta acción vulnera los derechos de quienes no se sienten representados dentro del binario tradicional de género.
La posibilidad de contar con un documento que refleje la identidad de género es vista como un avance significativo en la lucha por la igualdad. La eliminación del DNI no binario podría acarrear repercusiones serias en la vida diaria de numerosas personas afectadas.
Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+ manifestaron su desacuerdo con esta iniciativa, señalando que la eliminación del DNI no binario implica un retroceso en derechos civiles y, a su vez, perpetúa la discriminación y el estigma hacia quienes se identifican fuera de las categorías binarias.
En respuesta a esta propuesta, se organizaron manifestaciones en varias ciudades del país, donde activistas y ciudadanos se movilizaron para exigir respeto por la diversidad de identidades de género y la permanencia de la opción de DNI no binario.
El gobierno, sin embargo, argumenta que su decisión tiene como objetivo simplificar el sistema de identificación y evitar confusiones administrativas. No obstante, críticos de esta medida sostienen que tal argumento omite las realidades que enfrentan las personas no binarias y la significativa necesidad de representación en documentos oficiales.
La discusión promete ser extensa; en los próximos días se anticipan debates en el Congreso sobre esta propuesta, que podrían definir su futuro y el efecto que tendrá en la comunidad no binaria a nivel nacional.