Ávila considera que esta desregulación vulnera derechos ambientales y laborales, además de contradecir compromisos internacionales asumidos por Argentina. Su postura se opone al fallo de primera instancia del juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, quien había desestimado el amparo por considerarlo una cuestión meramente administrativa.
El conflicto se originó cuando la APN aprobó dos resoluciones que reemplazan el reglamento específico de guías por un sistema más laxo de permisos turísticos. Según AGUISAC, esto compromete la calidad de las visitas y debilita la protección del patrimonio natural y cultural.
La fiscal subrayó que los guías cumplen funciones clave en conservación, educación ambiental y prevención de daños, y que su exclusión afecta la capacidad del Estado para garantizar estos objetivos. Además, invocó principios fundamentales del derecho ambiental como la precaución, la prevención y el “in dubio pro natura”, que prioriza la protección de la naturaleza ante la duda.
También advirtió sobre los riesgos para los visitantes, al equiparar prestadores profesionales con personas sin formación específica. Para Ávila, el reclamo no es solo gremial, sino de interés colectivo ambiental.
AGUISAC celebró el dictamen como un avance en la defensa de sus derechos y del ambiente. Ahora, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia deberá decidir si revoca el fallo inicial y habilita el tratamiento de fondo del amparo. De no mediar una intervención judicial, la desregulación comenzaría a regir el 15 de septiembre, según confirmó la APN