El sector público nacional atraviesa una transformación profunda con la reciente decisión oficial de eliminar el plus por presentismo en los haberes de miles de empleados estatales. Esta medida, enmarcada en un plan de racionalización del gasto público, modifica la estructura salarial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), afectando a trabajadores de la Casa Rosada, ministerios, organismos descentralizados y dependencias de la Administración Central.
Históricamente, el plus por presentismo funcionaba como un incentivo económico para aquellos trabajadores que mantenían una asistencia perfecta durante el mes. En algunos casos, este beneficio podía alcanzar hasta $150.000, constituyendo un refuerzo significativo para el salario neto. La eliminación de este ítem representa, por lo tanto, una reducción directa en el poder adquisitivo de los empleados públicos.
Desde el Gobierno, la medida se justifica como un esfuerzo por simplificar el sistema de liquidación y optimizar los recursos estatales. Sin embargo, los trabajadores expresan su preocupación, ya que para ellos el presentismo no era un simple premio, sino una parte esencial de su sustento diario frente a la inflación creciente.
La quita del plus llega tras el vencimiento de la prórroga del Premio Estímulo a la Asistencia y se suma a otras restricciones previas, como la limitación de nuevas contrataciones. Estas políticas consolidan un ajuste estructural sobre la planta estatal que, por el momento, no contempla reversión.
El impacto de la medida varía según la categoría y el convenio, pero genera inquietud generalizada debido a que las paritarias del sector público continúan rezagadas frente a los aumentos de precios. Además, la desaparición del incentivo económico que promovía la asistencia perfecta plantea dudas sobre cómo se garantizará el control del ausentismo y el cumplimiento de las tareas en el futuro.