Dos comunidades mapuches asentadas en un predio privado cercano a Villa la Angostura, en la provincia de Neuquén, manifestaron su firme intención de resistir cualquier intento de desalojo judicial, ya que no disponen de otro lugar donde vivir.
Más de 15 jueces de Neuquén avalaron la orden de desalojo al constatar que las comunidades están asentadas de forma irregular en tierras que pertenecen a una mujer, quien se presentó como querellante para recuperar la propiedad.
Las comunidades involucradas son Melo y Kinxikew, acusadas de usurpación. El juez Francisco Astoul Bonorino dictó la orden de desalojo semanas atrás, tras una sentencia firme. Sin embargo, el operativo no pudo llevarse a cabo debido a que el gobierno provincial no facilitó la fuerza policial necesaria para su ejecución.
Para garantizar el procedimiento, la Justicia envió a Villa la Angostura una comitiva compuesta por funcionarios y oficiales, que recorrieron más de 400 kilómetros desde la capital neuquina. Pese a ello, la Policía, por decisión del Ejecutivo provincial, no aportó los refuerzos indispensables para la seguridad durante el desalojo.
Voceros de una de las comunidades señalaron que la suspensión del desalojo no se debió exclusivamente a la falta de presencia policial, sino a “irregularidades procesales denunciadas” y a que “las resoluciones que ordenan el desalojo no se encuentran firmes”. Rechazaron que “el escollo sea sólo la omisión del Estado provincial”.
A pesar de ello, están conscientes de que la medida podría ejecutarse en cualquier momento, por lo que difundieron en redes sociales que “el desalojo es inminente”.
El caso ha transitado numerosos despachos judiciales en la provincia, y en todos ellos las comunidades mapuches han recibido fallos adversos. Aunque aseguran haber ocupado esas tierras ancestralmente, no cuentan con documentación que respalde legalmente sus reclamos, mientras que la propietaria posee la documentación que avala su titularidad.
Las comunidades acusan al juez Astoul Bonorino de favorecer intereses inmobiliarios y lo responsabilizan por las posibles “consecuencias” que pueda generar el operativo de desalojo.
Tras el desalojo frustrado, sus voceros declararon estar “en resguardo permanente” y afirmaron: “Estuvimos siempre en los territorios”.
La disputa comenzó en 2011, cuando la propietaria denunció que varias personas vinculadas a las comunidades ingresaron sin autorización al predio, retiraron candados y se instalaron, impidiendo su acceso.
Lucas Melo, vocero de la comunidad que lleva su apellido, aseguró: “Tenemos la carpeta otorgada por provincia y por Nación, y tenemos pruebas de preexistencia en estos territorios documentadas”.
El representante mapuche cuestionó los fallos judiciales negativos y apeló a la conclusión del relevamiento territorial para demostrar la preexistencia en la zona.
“Desde el territorio, le decimos al juez Bonorino que recapacite, porque nosotros vamos a resistir, nosotros no tenemos otro lugar para ir y vamos a resistir, porque es lo único que nos queda. Él será el responsable de lo que suceda”, advirtió Melo.