Tras los devastadores incendios en los bosques patagónicos de Chubut y Río Negro, el gobierno de Javier Milei ha decidido declarar a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista, incorporándola al registro público de grupos y personas acusadas de este tipo de acciones ilegales. La medida se produce poco después de que el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, realizara declaraciones polémicas en las que reivindicaba los sabotajes y los atentados incendiarios contra la infraestructura del sistema capitalista.
En una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, se establece la inscripción de la organización RAM en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Además, se ha dado intervención a la Cancillería para que se cumpla con la normativa vigente y se comparta la información con otros gobiernos.
En este registro se encuentran organizaciones de terrorismo islámico como Hezbollah, Hamas, Al Qaeda o el Taliban, así como los nombres de los acusados por el atentado a la AMIA que tienen pedido de captura internacional. El objetivo de este registro, que está bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, es facilitar el acceso e intercambio de información sobre personas y entidades relacionadas con actos de terrorismo o su financiamiento, promoviendo la cooperación a nivel nacional e internacional.
La RAM ha llevado a cabo una serie de acciones violentas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, en el sur de Argentina, durante más de una década. Estos actos incluyen incendios intencionales que han devastado bosques milenarios, ataques a viviendas, establecimientos y vehículos, así como agresiones directas contra personas. Líderes de la organización, como Jones Huala, han reivindicado públicamente estos actos y han admitido el uso del incendio como herramienta de presión.
La RAM opera en coordinación con otras agrupaciones, que, aunque tengan nombres distintos, comparten los mismos objetivos y responden a una estructura común. Estas acciones tienen como propósito sembrar el terror y presionar a las autoridades, y cumplen con los criterios establecidos en el artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación Argentina, que agrava las penas para delitos cometidos con fines terroristas.
La decisión de inscribir a la RAM en el RePET está en línea con los compromisos asumidos por Argentina en tratados internacionales y resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos instrumentos buscan establecer regímenes jurídicos y administrativos para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento, así como congelar los activos financieros de personas y entidades vinculadas a actividades terroristas.
Según el Ministerio de Seguridad Nacional, la derogación del decreto que declaraba la emergencia en tierras indígenas ha contribuido al aumento de los conflictos en la región. Esta ley, que prohibía los desalojos de tierras usurpadas durante 18 años, ha dejado un vacío legal que ha sido aprovechado por la RAM para intensificar sus actividades. Desde entonces, los incendios en los bosques del sur argentino han aumentado significativamente y se ha comprobado que muchos de ellos fueron provocados intencionalmente.
El crimen organizado representa una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público, por lo que se requieren respuestas urgentes y contundentes. La inscripción de la RAM en el RePET tiene como objetivo cortar cualquier tipo de financiamiento que pueda sostener sus actividades. Además, es fundamental la colaboración y el intercambio de información entre los distintos actores del Estado y con organismos internacionales para desarrollar estrategias más efectivas en la prevención, investigación y sanción de estos delitos. Es necesario optimizar la asignación de recursos y mejorar los resultados de las investigaciones relacionadas con el crimen organizado, ya que la complejidad y el alcance de estas conductas criminales demandan un esfuerzo coordinado a nivel nacional.