El jefe de Gabinete Manuel Adorni formalizó la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito el 18 de noviembre de 2025 por USD 230.000. La propiedad, que cuenta con casi 200 metros cuadrados, pertenecía a dos mujeres jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes la habían adquirido apenas meses antes, el 30 de abril de ese mismo año.
El financiamiento de la operación fue mayormente a través de un crédito hipotecario por USD 200.000 otorgado por las mismas vendedoras, quienes permanecen como acreedoras en partes iguales del préstamo.
En paralelo, en noviembre de 2025, Adorni también compró una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, pero esta adquisición fue registrada a nombre de su esposa. Sin embargo, en su última declaración jurada, el funcionario no informó la venta de un inmueble previo ubicado en Parque Chacabuco.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo que se realicen diversas medidas probatorias en el marco de una investigación por posible enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. Entre las acciones solicitadas figuran oficios a registros de propiedad, vehículos y movimientos financieros para identificar posibles activos no declarados del funcionario y su entorno familiar.
La denuncia inicial que dio origen a la causa fue presentada por la diputada Marcela Pagano, quien aseguró que el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal. Además, Pagano destacó inconsistencias entre la declaración jurada inicial y la anual, señalando omisiones de activos financieros y depósitos en el exterior por más de $16.000.000, así como la inclusión de USD 24.500 en efectivo, cuya procedencia habría sido justificada con préstamos familiares.
En particular, respecto a la compra del departamento en Caballito, el informe de dominio indica que la adquisición se financió mediante un crédito hipotecario otorgado por las vendedoras, lo que genera dudas sobre la fuente y titularidad de los fondos empleados.
Los investigadores también buscan esclarecer la titularidad real y el origen de los recursos utilizados en la operación, así como posibles vínculos no declarados entre las partes involucradas.
En cuanto a la vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, los registros internos muestran que las expensas comenzaron a estar a nombre de una persona llamada Angeletti, lo que sugiere una relación dominial o posesoría no reflejada en las declaraciones públicas.
La fiscalía destacó que, según los documentos presentados ante la Oficina Anticorrupción, Adorni declaró solo el 50% de un departamento en Capital Federal de 115 metros cuadrados y el 100% de una unidad en La Plata de 105 metros cuadrados. No se registran a su nombre terrenos ni construcciones en Exaltación de la Cruz ni en countries.
Por último, la fiscalía fundamentó la solicitud de nuevas medidas en la necesidad de verificar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” de Adorni y su entorno cercano. Hasta el momento, el juez Lijo no ha resuelto sobre las medidas propuestas, pero se espera que en las próximas semanas se incorporen datos clave que permitan determinar si hubo omisiones en las declaraciones patrimoniales o si el origen de los fondos para las compras puede ser justificado.