Ushuaia, considerada la puerta de entrada a la Antártida, protagoniza un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la provincia de Tierra del Fuego, con Estados Unidos involucrado en el trasfondo. La administración de Javier Milei ordenó la intervención por 12 meses prorrogables del puerto local, medida que el gobernador Gustavo Melella calificó de "avasallamiento" a la autonomía provincial y anunció acciones judiciales para frenarla.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) tomó esta decisión tras detectar irregularidades financieras, desvío de fondos, deterioro en la infraestructura del muelle, problemas de seguridad, déficits ambientales y tecnológicos, además de un presunto incumplimiento del convenio de transferencia Nación–Provincia firmado en 1992.
El Gobierno argumentó que la aprobación de la Ley Provincial 1596, que habilita el uso del superávit portuario para financiar la obra social fueguina (OSEF), contraviene la cláusula del convenio que obliga a destinar los ingresos exclusivamente a la operación, mantenimiento e inversión del puerto.
Inspecciones realizadas en septiembre y octubre de 2025 revelaron un notable deterioro en el muelle comercial, incluyendo sistemas contra incendios obsoletos, fallas en señalización, control de accesos, drenaje pluvial y protocolos de seguridad para la convivencia entre carga y pasajeros de cruceros. También se detectaron graves deficiencias en ciberseguridad y sistemas informáticos, junto a una baja ejecución presupuestaria, con solo el 1,3% del gasto total invertido, concentrado en gastos de personal y préstamos.
Ante este diagnóstico, la ANPYN suspendió la habilitación del puerto por 12 meses con posibilidad de prórroga, aunque pospuso la aplicación para no afectar la temporada de cruceros. Paralelamente, inició la intervención administrativa, asumiendo el control operativo, técnico y financiero del muelle.
La Resolución 4/2026 de la ANPYN invocó una denuncia vinculada a la Ley Provincial 1596, que creó un Fondo Específico para el Pago de Deuda de la OSEF. Sin embargo, Melella afirmó que dicho fondo nunca fue utilizado y rechazó las acusaciones de desvío de fondos.
El gobernador fueguino detalló que la Comisión de Inspección observó un deterioro considerable en sectores estructurales del muelle, especialmente en el Sitio 3, donde se registraron daños en defensas, deformaciones en amarras, fallas en pavimentos y pérdidas de material que afectan la capacidad de atraque y la seguridad en maniobras.
Además, se constató la obsolescencia y discontinuidad en los sistemas contra incendios, carencias en señalización y alumbrado, deficiente control de tránsito pesado, problemas en drenaje pluvial y una insuficiente planificación de mantenimiento preventivo.
Desde Ushuaia, Melella negó las acusaciones y cuestionó los motivos reales detrás de la intervención: "Ninguna razón es real. No sabemos el porqué de esta decisión, o si se quieren quedar con los dólares que ingresan por negocios de amigos o abrirle la puerta a los Estados Unidos".
El gobernador sostuvo que la Legislatura provincial había aprobado una ley para usar el superávit portuario en la obra social, pero que la transferencia nunca se concretó. "Ellos dicen que la provincia desvió fondos y eso es mentira", afirmó.
Respecto a la gestión portuaria, Melella destacó: "Se dice que no se hicieron obras y fue el único puerto que hizo obras en los últimos años", mencionando la extensión de 104 metros del muelle y el récord de recaladas de cruceros.
En un comunicado oficial, el Gobierno de Tierra del Fuego enfatizó que el puerto "crece y funciona con normalidad", con más de 525 recaladas previstas para la temporada y más de 30 mil pasajeros y tripulantes en las últimas dos semanas. Además, denunció "narrativas preocupantes" que vinculan la intervención a intenciones geopolíticas no explicitadas.
El texto provincial señaló que "no hay ninguna razón objetiva que justifique la intervención del puerto e, incluso, el propio acto administrativo de intervención dispuesto por la ANPyN inhabilita la operación de la terminal para luego, en dos artículos posteriores, dejar sin efecto esa misma inhabilitación".
La medida se inscribe en un contexto internacional cargado de simbolismo. Melella no descartó un trasfondo mayor: "¡Todo es posible! Esto se da un día después de la reunión entre Santiago Caputo y el embajador norteamericano Peter Lamelas".
El mismo día, el presidente Milei participó en Davos junto a Donald Trump y firmó la creación del Consejo de Paz impulsado por el expresidente estadounidense para intervenir en conflictos como el de la Franja de Gaza, en el que Argentina formará parte sin pagar los u$s1.000 millones que se mencionaban como costo de membresía.
Para críticos, la intervención del puerto podría ser una moneda de cambio geopolítica, dada la histórica ambición de Estados Unidos sobre Ushuaia como hub logístico antártico, en una región clave por recursos naturales, control marítimo y proyección estratégica en el Atlántico Sur.
El Manifiesto Argentino, un espacio que reúne a dirigentes, políticos e intelectuales de izquierda, emitió un comunicado titulado "Urgente repudio y rechazo a la cesión de soberanía dispuesta por Milei". En él, acusaron al presidente de "manotear hoy el Puerto de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, para confesadamente ponerlo a disposición del presidente estadounidense Donald Trump".
Este colectivo sostiene que la intervención no es una cuestión administrativa ni técnica, sino una decisión política alineada con Washington que compromete la soberanía argentina sobre uno de los puntos más sensibles del territorio nacional.
Entre los firmantes del Manifiesto se encuentran Mempo Giardinelli, Graciela Bialet, Miguel Rodríguez Villafañe, Carlos del Frade, Graciela Rosso, Alejandro Olmos Gaona, Alicia Marchionda, Sebastián Cantoni, Jorge Capitanich, Atilio Borón, César Lerena y Stella Calloni.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que la intervención busca proteger el interés público, la seguridad operativa y la sustentabilidad del puerto, Tierra del Fuego anunció que continuará el diálogo con la gestión nacional, aunque avanzará con una demanda judicial y mantiene un contacto tenso con la Casa Rosada en otros temas como la reforma laboral y la validez del DNU sobre la SIDE.
La ANPYN señaló que la medida se tomó ante la falta de respuestas concretas a inspecciones previas, denuncias de vaciamiento por parte de trabajadores portuarios y la preocupación de empresas navieras, argumentos que el gobernador Melella rechazó con firmeza.
La intervención se produce sin que se detectaran anormalidades durante la temporada de cruceros, lo que aumentó la tensión con Tierra del Fuego, cuyo gobierno insistió en que las operaciones portuarias continúan con normalidad.
El comunicado oficial provincial advirtió sobre un "avasallamiento importante sobre la autonomía de la provincia". En definitiva, la disputa supera el estado físico del muelle y pone en juego temas de federalismo, recursos económicos, la proyección en la Antártida y la geopolítica global, donde cada movimiento en el extremo sur del continente tiene repercusiones más allá del fin del mundo.